Después de "sincerar" el precio del dinero, el Ejecutivo de Argentina propone ahora un "sinceramiento fiscal" en el país. En concreto, hasta el 1 de enero de 2017 aquellos que quieran confesar fondos hasta ahora no declarados por valor de menos de 270.000 euros no deberán pagar nada por ello.
El perdón fiscal conlleva, no obstante, el compromiso de compra de bonos argentinos o, al menos, la promesa de hacer inversiones a largo plazo en el país. El objetivo, según explica el Gobierno, es poder hacer frente al agujero de los fondos del Anses (el equivalente a la seguridad social española) y pagar las pensiones.
La oferta del blanqueo de capitales se extiende también para aquellos que entreguen entre 270.000 y 700.000 euros, si bien estos deberán pagar un impuesto del 5%. Y, en el caso de superar los 700.000, el tributo ascendería al 10%. El Gobierno espera que la nueva regulación alcance a entre el 5 y el 10% del volumen de los fondos que los argentinos tienen fuera del sistema. Según la organización Tax Justice Network (TJN), estos tienen unos 350.000 millones de euros en el exterior.
La oposición reclamó que no se puedan sumar al blanqueo de capitales ni los funcionarios del Gobierno, ni los miembros del Poder Legislativo y Judicial. También se demandó el hecho de excluir a los familiares más cercanos de estos. No se descartó vetar esta posibilidad a gobernadores e intendentes.
El monto que el Ejecutivo espera recaudar será destinado al pago de las pensiones, que en algunos casos podría conllevar subidas del 45%. Además, también se extinguirían las obligaciones de pago contraídas. Según cifras del Gobierno, a día de hoy el Estado tiene una deuda con 2,2 millones de jubilados. El por qué es que el pago de las pensiones se hizo durante largo tiempo sin respetar los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.
Según el proyecto, de aceptar el pacto estas personas cobrarían el 50% de la cantidad devengada de forma inmediata y el 50% en 12 cuotas trimestrales. El proyecto también estima la subida de la edad de jubilación de las mujeres a 65 años desde los 60 actuales si les falta la cantidad de años cotizados.
En concreto, se establece una prestación universal para estos casos de 3.967 pesos (250 euros) que podrá ser compatible con el trabajo asalariado. La última modificación en la edad para jubilarse se dio en 2001, cuando pasó en el caso de los hombres de 64 a 65 años y de 59 a 60 para las mujeres.
Privatización
Uno de los puntos de fricción con la oposición es que la ley contempla la venta de las acciones que tiene la Anses. Su titular, Emilio Basavilbaso, defiende que lo que pretende el ejecutivo es ?tener más flexibilidad para comprar y vender, porque cualquier inversor tiene esa capacidad para vender por si baja el valor de la acción. Para el diputado de Frente para la Victoria, Axel Kicillof, esto representa "privatizar" el sistema de pensiones público.
No obstante, el Ejecutivo es consciente de que este proyecto es un mero parche para poder salir de la ausencia de fondos actual. En este sentido, se creará un Consejo de Sustentabilidad Provisional para que diseñe en los próximos tres años un proyecto de reforma jubilatoria integral. En cifras, el pago de las pensiones, más allá del blanqueo de capitales supondrá un aumento del gasto público de un punto del PIB.