El denominado canon hidrográfico continúa generando polémica. Este gravamen, destinado a regular la utilización de aguas para la producción de electricidad, nació en 2012 junto a otras medidas fiscales en el ámbito de la energía, como el famoso céntimo verde de los carburantes. El plan inicial de Industria respecto al canon era que las confederaciones hidrográficas recogieran sus ingresos y los remitieran a la Agencia Tributaria; en función de lo recaudado, se fijaría una cantidad idéntica en los Presupuestos del Estado, destinada a reducir el déficit de tarifa del sistema eléctrico (la diferencia entre los costes reales de producir energía y los oficialmente reconocidos).
Este propósito generó revuelo en el sector y el Consejo de Estado dio un varapalo al plan de Industria, al dictaminar que la cantidad presupuestada en las cuentas estatales tenía su origen en el sector del agua, y este último debe beneficiarse de los usos finales que se dé a lo recaudado por el canon hidrográfico. Sin embargo, Hacienda parece haber olvidado este mandato, ya que las confederaciones están pendiente del cobro de más de 600 millones obtenidos por este canon entre 2015 (el primero en el que debieron producirse pagos de esta especie) y 2016.
Es urgente que el Ministerio explique qué ha pasado con estos fondos, ya que incurriría en una flagrante ilegalidad si los estuviera destinando a otros fines que no sean la protección y mejora del dominio público hidráulico. Pero, en segundo lugar, resulta urgente liberar recursos para un sector que ha sufrido fuertes recortes de la inversión durante la crisis y que arrastra un grave problema en el proceso de recuperación de los costes del uso del agua, ya que hay dificultades para cubrir cerca del 40% de los mismos.
