El ministro de Hacienda puso ayer el dedo en la llaga de la Seguridad Social y, de paso, abrió nuevamente el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, al reconocer que el sistema necesita que se tomen medidas, fundamentalmente para la captación de nuevos ingresos.
Una afirmación que viene a contradecir las explicaciones del propio Montoro, y de otros miembros del Gabinete, atribuyendo el 'agujero' de la Seguridad Social al mayor número de pensionistas. Que es verdad que contribuye, pero sólo en una pequeña parte, a ese déficit apabullante que el nuevo Programa de Estabilidad eleva a más de 11.000 millones de euros para 2016, o lo que es lo mismo, el 1,1 por ciento del PIB.
Porque si el descalabro del déficit público en el último ejercicio ha dejado al desnudo las miserias que ocultaban los cantos triunfalistas del Gobierno sobre la recuperación económica y la consolidación fiscal, el dato de cierre del desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social ha venido a reflejar la realidad de las eufóricas cifras oficiales sobre la creación de empleo y, como consecuencia de ello, el grave problema de ingresos que aqueja a un sistema que necesita de reformas urgentes para evitar que continúe la sangría de pérdidas y el vaciamiento del Fondo de Reserva, que en la legislatura de Maroamp Rajoy se ha reducido a la mitad.
Una realidad distorsionada y un 'agujero' más que preocupante cuando se comprueba que, pese al descenso en el número de desempleados, los ingresos por cotizaciones sociales no remontan y apenas permiten cubrir el 78 por ciento de los gastos del sistema.
Un desfase que el Gobierno se empecina en el aumento de los gastos pero sin descender a la causa última del mal, que no es sino la precariedad y la reducción salarial del empleo que se crea e, incluso, de muchos de los que permanecen pero que están gravemente afectados por variaciones a la baja de los sueldos percibidos y de las condiciones contractuales.
Los números que, como el algodón, no engañan, muestran que mientras las altas en la afiliación a la Seguridad Social crecían un 3,18 por ciento durante el último ejercicio, el aumento de los ingresos por cotizaciones era de sólo el 1,3 por ciento, es decir, menos de la mitad. Revelador. Más aún si al dato de los ingresos incorporamos los concernientes a la creciente dualidad de nuestro mercado laboral, cuya tasa de temporalidad se elevaba al 26,15 por ciento, con datos de la última EPA, duplicando la media de la Unión Europea y muy superior al del resto de las grandes economías europeas.
De hecho, las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal revelan que el 24,7 por ciento de todas las contrataciones formalizados en 2015 tenían una duración inferior a siete días, superando los 4,5 millones de contratos, mientras que los contratos indefinidos rondaban el millón y medio, y suponían el 8,1 por ciento del total.
Y si a esto añadimos la fotografía salarial de los datos tributarios en la que el sueldo medio de los trabajadores declarado por las empresas cayó al mínimo desde 2007, y la utilización abusiva de las tarifas planas y deducciones en la cotización para el fomento del empleo, cuyo resultado es cuando menos cuestionable, pues habrá que convenir con Montoro que sí; que hay que buscar más financiación y que bienvenido al club de quienes lo avisamos.
Fórmulas adicionales a esa de esa vieja aspiración de sacar las pensiones no contributivas del sistema para dotarlas vía presupuestaria y que, aunque el ministro se guardó mucho de decirlo a algunos, empieza a sonarnos insistentemente a impuestos.
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