España avanza con paso firme hacia el vergonzoso destino de convertirse el próximo mes en el primer país sancionado por romper las reglas fiscales europeas. Según informaron fuentes comunitarias a elEconomista, la Comisión Europea tendrá "muy difícil" no desempolvar las sanciones, nunca antes utilizadas a pesar de las repetidas violaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, protagonizadas sobre todo por los grandes como Francia, pero también Alemania. Diez comunidades autónomas se han saltado la regla de gasto hasta el mes de febrero.
Más aun, las mismas fuentes indican también que será complicado que España escape de la multa, que podría llegar hasta un 0,2% del PIB (2.000 millones), aunque probablemente será menor. Una de las opciones es que España argumente por escrito una circunstancia económica excepcional para zafarse al menos del castigo económico, aunque con uno de los crecimientos económicos más robustos en Europa es difícil que cuele esta excusa.
El Gobierno español se ha esforzado en los últimos días en preparar el argumentario que le sirva, sino para evitar la tarjeta roja, al menos para escapar de la multa.
Aunque la Comisión parece cada día más convencida sobre la necesidad de llevar a España al siguiente nivel del procedimiento de infracción por déficit excesivo, aún no tiene claro qué calendario recomendará para que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio recorte el déficit por debajo del 3% del PIB.
Según las previsiones presentadas por el Gobierno español este mes, sería suficiente con un año adicional, ya que el déficit se situará en el 2,9% el próximo año. Sin embargo, Bruselas aún cree que podría ser necesario un año adicional, comentaron las fuentes consultadas.
La decisión final estará condicionada por las previsiones económicas actualizadas que la Comisión presentará el próximo martes 3 de mayo. Según las mismas fuentes comunitarias, las previsiones de primavera mantendrán el tono de las anteriores de invierno. Es decir, el crecimiento económico mantendrá una línea similar en Europa, aunque los riesgos y las incertidumbres continúan aumentando. En este contexto, el Ejecutivo comunitario revisará ligeramente a la baja las previsiones de PIB para nuestro país y otras economías europeas.
La última cifra es del 3,6%
Respecto al déficit, las fuentes comunitarias explican que la cifra ofrecida por Bruselas en febrero (3,6%) no sufrirá cambios importantes. El Gobierno español revisó al alza su previsión del déficit en el Plan de Estabilidad para situarlo en línea con el de la CE. No obstante, desde Bruselas esperan una corrección más significativa en el déficit para el próximo año, ya que el pasado invierno la Comisión predijo una reducción hasta el 2,6% del PIB en 2017.
El calendario que fije la Comisión marcará los pasos del nuevo Gobierno, y le obligará a un esfuerzo considerable para reducir el déficit desde el 5,1% del PIB con el que cerró el pasado año hasta al menos el 3%.
Los más de 20.000 millones en ajustes necesarios, 10.000 millones por año en caso de que Bruselas finalmente fije 2018 como el año para equilibrar las cuentas, obligarán al nuevo Ejecutivo a continuar en modo austeridad, a pesar de que cada vez más voces en Europa, incluida la del presidente del BCE, Mario Draghi, demandan más inversión pública e impuestos más bajos para relanzar la economía.
El veredicto sobre las economías ibéricas, y el resto de socios de la UE, llegará en la segunda mitad de mayo, y coincidirá con una revuelta protagonizada por otros Gobiernos socialistas para aflojar el estricto corsé del Pacto de Estabilidad.