Podemos propone que los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) puedan actuar de incógnito y que se potencie la figura del denunciante fiscal regulando su participación en el importe de la sanción y creando un fondo a disposición de la Administración para pagar informaciones confidenciales que permitan el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas.
Así se recoge en el Plan Integral de Lucha contra el Fraude que defenderá el próximo miércoles en la Comisión de Economía del Congreso y que recoge Europa Press. Según el texto, la intención de estas medidas es elevar la recaudación tributaria entre el 1% y el 1,5%, tal y como figuraba en su programa electoral.
Además de estas nuevas vías de obtención de información, la formación morada cree que también hay que generar métodos de "coordinación e integración de información coordinada y en red" de las agencias tributarias del país y la Seguridad Social, así como crear instancias judiciales especializadas en esta materia.
Sociedades opacas
Por otra parte, la iniciativa parlamentaria plantea también la necesidad de revisar la fiscalidad de algunos tipos de sociedad que resultan opacas al control, tales como las Socimis, las sociedades de capital riesgo y las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), para "velar por la inversión productiva y la equidad fiscal".
En la misma línea, habría que repensar la fiscalidad de las Sicav -controlar el número real y efectivo de socios, limitar el porcentaje máximo de participación o fijando un tiempo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, entre otras cosas- así como dar a la Agencia Tributaria las competencias de control y poner en marcha un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que se observan actualmente.
Por otra parte, la propuesta de Podemos pasa también por disminuir el umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros así como elevar, con carácter general, el plazo de prescripción a diez años, aplicando las penas previstas actualmente cuando el importe defraudado supere los 120.000 euros.
Asimismo, se plantea la posibilidad de crear una Comisión de Expertos que proponga una metodología de cálculo oficial y periódico de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral, desagregado por territorios, sectores e impuestos; y que plantee también medidas de "contención de la volatilidad fiscal", la evasión, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.