La revisión a la baja del crecimiento económico para este año, hasta el 2,7%, y hasta el 2,4 en 2017, frente al 3 y al 2,9% previstos inicialmente, tendrá un coste sobre el empleo que se traducirá en la creación de unos 230.000 puestos de trabajo menos en los próximos dos años.
Ello implicará, además, un empeoramiento de la evolución de la tasa de paro, que este año quedará en el 19,9% de la población activa para reducirse al 17,9% en el próximo ejercicio, tres décimas menos que lo previsto en los Presupuestos del Estado.
Los datos de la revisión del Programa de Estabilidad que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, presentó ayer en el Congreso de los Diputados, prevén un crecimiento del empleo del 2,5% para este año, en términos de contabilidad nacional, y del 2,2% para el año próximo, frente al 3 y al 2,9% que estimaban los Presupuestos Generales del Estado.
Son 1,2 puntos menos de crecimiento del empleo para los dos ejercicios contemplados que, en términos absolutos, suponen una pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo nuevos cada año, a pesar de lo cual De Guindos resaltó que en el total de los dos años se espera la creación de 900.000 empleos.
El ministro, que calificó las nuevas previsiones macroeconómicas de "realistas y conservadoras", explicó que este nuevo escenario ha sido "coordinado" con la Comisión Europea y aplaza un año, hasta 2017, la reducción del déficit por debajo del umbral del 3% del PIB.
Esta nueva senda implica una flexibilización de los objetivos de déficit público para situarlo en el 3,6% del PIB en 2016 y en el 2,9% en 2017, que el titular de Economía justificó por la necesidad de evitar "un ajuste presupuestario muy intenso". Así, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas aumentaría ocho décimas este año y 1,5 puntos en 2017 respecto a los objetivos iniciales del 2,8% y del 1,4% del PIB, respectivamente.
Leve desaceleración
El cumplimiento de esta nueva senda obligará un recorte del gasto que De Guindos confirmó será de 5.000 millones de euros para este año, tal y como adelantó elEconomista el pasado 14 de abril. Este ajuste se repartirá entre la Administración Central, que recortará 2.000 millones, y las comunidades autónomas, que deberán asumir los 3.000 millones restantes.
Para 2017, De Guindos resaltó que "no se incluyen medidas" de ajuste adicional, porque "toda la reducción del déficit para el año próximo proviene del ciclo económico".
El ministro admitió que los datos conocidos hasta ahora de 2016 "apuntan a una leve ralentización respecto al fuerte ritmo de crecimiento que tuvimos en la segunda parte del año pasado", hecho que atribuyó "a un menor ritmo de avance de algunas partidas de la demanda interna y al peor comportamiento de los mercados exteriores".
Destacó, sin embargo, que pese a esta desaceleración el mercado de trabajo "continúa su evolución positiva" y los datos de afiliaciones a la Seguridad Social muestran que el crecimiento del empleo en el primer trimestre "se mantuvo sólido", a tasas interanuales del 3%, sólo dos décimas menos que en el último trimestre del año pasado.
Reiteró también que el peso de la deuda pública sobre el PIB se redujo en 2015 "por primera vez desde el inicio de la crisis", y se prevé que la reducción "continúe de forma moderada en los próximos años".
Respecto al Plan Nacional de Reformas, que el Ejecutivo debe acompañar a la revisión del Programa de Estabilidad, se limitó a constatar que "la naturaleza del Gobierno en funciones conlleva la imposibilidad de desarrollar tales planes", por lo que se limitarán a dar cuenta del cumplimento de las reformas adoptadas durante el año pasado. Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición mostraron su desacuerdo con el contenido de las previsiones gubernamentales, siendo especialmente dura la intervención del portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, quien reprochó al ministro no haber consensuado la revisión del escenario macroeconómico, porque el recorte de 5.000 millones para el conjunto de las Administraciones Públicas "tiene un evidente calado político y compromete al nuevo Gobierno, haya o no elecciones".
Déficit de la Seguridad Social
Saura reprochó que se esté culpando a las comunidades autónomas de la desviación del déficit, cuando "el gran problema de las cuentas públicas españolas son los ingresos de la Seguridad Social", y recordó a este respecto el informe sobre los Presupuestos de 2016 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que denunciaba la previsión de un crecimiento del 16,7% de ingresos por cotizaciones cuando en realidad estaban creciendo el 1%.
"Ustedes sabían perfectamente que el déficit de la Seguridad Social se iba a situar más cerca de los 17.000 millones de euros", apostilló el portavoz socialista, quien apuntó que a ese déficit se llega cuando la economía está creciendo al 3%, mientras que la escasa variación de los ingresos por cotizaciones se explica "por los salarios de miseria para la mayoría de los españoles".
