Desde su nacimiento en 2012, había dudas sobre si el objetivo de deuda marcado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera era alcanzable o no. En su disposición transitoria primera se estableció que en el año 2020, el máximo que se podría registrar sería del 60% del Producto Interior Bruto (PIB). La incapacidad de las administraciones para rebajar el déficit y la baja inflación han jugado en contra de la rebaja de la deuda, pero lo cierto es que a cuatro años de que llegue el tope, sigue rozando el 100% del PIB.
Y no sólo no logrará bajar al 60% del PIB en 2020, sino que tampoco lo conseguirá en 2030. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sólo se alcanzará este registro en el año 2037, es decir, 17 años después de lo exigido en la ley de Estabilidad Presupuestaria.
De hecho, en 2020, según las previsiones del organismo, la deuda pública continuará por encima del 90% del PIB, es decir, mientras que la ley exigiría que bajara unos ocho puntos del PIB al año, lo hará cuatro veces más lento.
Incluso, los primeros datos de este año no sólo no recogen una rebaja de la deuda, sino que parece que sigue aumentando. En febrero, el saldo ascendía a 1,081 billones de euros, lo que significa un incremento de 9.000 millones de euros desde el final del ejercicio 2015. Además, suponía superar de nuevo la barrera del 100% del PIB.
Incumplimiento sin sanción
Pero, a pesar de que el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria parece ya evidente, nadie cree que sea necesario cambiar la norma, ya que no existe ningún tipo de sanción si no se llega al 60% del PIB en el ejercicio 2020. Ni siquiera el Gobierno tiene ya en cuenta este tope y en su actualización del Programa de Estabilidad incluirá una previsión de deuda muy superior a este 60% en 2020.
Actualmente, las previsiones del Gobierno alcanzan hasta 2017 y entonces será del 99% es decir, que para cumplir la ley, sería necesaria una rebaja de casi 40 puntos en tres años, algo imposible de conseguir.
Hay que recordar que hasta ahora el incumplimiento de la norma apenas ha tenido consecuencias. Hace unas semanas y, tras años saltándose los objetivos de déficit, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió por primera vez exigir recortes presupuestarios a las comunidades autónomas incumplidoras con el objetivo de déficit.
