Facturas hinchadas, empresas impuestas, precios por encima de mercado, cobro de servicios no realizados, donaciones no recibidas, gastos sin justificar y el temor de los trabajadores a represalias o despidos son algunas cuestiones que refleja el sumario judicial del caso IVAM, conocido esta semana.
Las irregularidades reflejadas en el Informe de la Intervención de la Generalitat sobre la gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno de 2009 a 2013, cuando Consuelo Císcar dirigía el museo, son el origen de la causa que instruye desde julio de 2015 el Juzgado 21 de Valencia, que investiga supuesta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Es el mismo juzgado, por cierto, que sigue instruyendo el caso Cooperación, donde se condenó al marido de Císcar, Rafael Blasco, en la primera de sus tres piezas y que llevó a la exdirectora del IVAM a pedir que fuera apartado de la causa para que su imparcialidad no quedara "comprometida".
El sumario de la causa, en la que están investigados (imputados) Císcar, cuatro subdirectores del IVAM y un empresario, y al que ha tenido acceso EFE, incluye una denuncia anónima presentada en marzo de 2015 a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que apuntaba el "expolio de arte durante años" del matrimonio Císcar-Blasco.
Billetes de 500 euros
La pareja salía a veces por la puerta del IVAM "sin cortarse un pelo" con algún cuadro, afirma el escrito, que asegura que en verano de 2004, poco después de "desembarcar" en el museo Císcar junto a "una serie de colaboradores y sirvientes", comenzaron a verse "los primeros billetes de 500 euros", que "no dejarían de circular en los siguientes diez años".
El anónimo asegura que en la vivienda del matrimonio las obras de arte "no cabían en las paredes y estaban colocadas hasta en el rellano", y además tenían obras "escondidas" en una planta baja y en un sótano construido ex profeso en su chalé para albergar "la enorme colección".
Según el sumario, Císcar introdujo al llegar al IVAM cambios como que el coste de las exposiciones en el exterior fuera a cargo del museo -cuando lo habitual es que los asuma el receptor de la exposición-, o la "imposición" de las empresas con la que contratar esos transportes.
Obligado
La causa recoge además el testimonio de trabajadores del IVAM, como el del registrador de obras de arte, que relata que fue "obligado" a firmar contratos con los que no estaban de acuerdo por su "elevado coste" y a quien Císcar le dijo "en tono imperativo" que "nunca más" enviara una queja por escrito.
Asimismo, el jefe de Publicaciones relató el "ambiente de miedo que invadía el ambiente" del IVAM por la personalidad "agresiva e intimidatoria" de Císcar, siendo "comunes los gritos y arrebatos de violencia en su lenguaje y gestos, llegando a tirar al suelo un ordenador en una ocasión".
En el sumario se pueden ver diferencias de 2,6 millones de euros entre el precio pagado por la compra de varias obras de José Luis Rueda y el precio de valoración, o discordancias entre las páginas contratadas y las producidas para la publicación "Cuadernos del IVAM" que supusieron un sobrecoste de 50.392 euros.
De otra publicación, el Catálogo Razonado de Julio González, se explica que el IVAM adquirió 2.750 ejemplares, de los que solo ha vendido 22 unidades y quedan 2.567 (que costaron 297.233 euros) almacenadas en el museo.
Para revisar y corregir textos, según un informe de la UDEF, el IVAM pagó 127.080 euros durante 45 meses, sin que conste formalización de ningún contrato para esos servicios con una persona que luego fue nombrada subdirector general de publicaciones.
Comisarios de exposiciones contratados por el criterio personal de Císcar, a los que se pagaron honorarios de entre 3.000 y 75.000 euros; sobrecostes al comprar obras -como una de Julio Quaresma, valorada en 2.000 euros y por la que se pagaron 32.400- o catálogos para regalar de los que hay almacenado por medio millón de euros son otras cuestiones del sumario.
137.000 euros en viajes
También figuran en esta causa los gastos de viaje de Císcar, cifrados en 137.717 euros entre 2009 y 2013, que en algunos casos no se consideran justificados, como el alojamiento en un hotel de Suiza de una persona sin relación laboral con el IVAM, a la que además se pagaron 37.903 euros en gastos de viaje y dietas.
Además, se recoge un correo entre el empresario investigado y el subdirector de Administración del IVAM, en el que el primero le pedía que le echara "un cablecito" y le aseguraba que lo celebrarían "con un buen ron".
El sumario también incluye el escrito de Císcar que considera que el informe de la Intervención "a todas luces no contiene infracciones penales sino, en todo caso, irregularidades administrativas" y que la investigación penal "nunca tendría que haberse iniciado".
