El proceso de cesión de competencias del Estado a las comunidades autónomas no ha venido acompañado de una reducción proporcional en el número de empleados de la Administración Central. Así lo explicó ayer el presidente de la CEOE, Juan Rosell, durante la presentación de un documento que analiza cómo se ha desarrollado ese traspaso.
El texto evidencia, además, que desde en el año 1978 se inició la transferencia de competencias del sector público estatal al autonómico, el empleo en la Administración Central (incluida la Seguridad Social) se ha reducido en 200.000 personas, mientras que en las autonomías el número de trabajadores se ha multiplicado por cuatro y supera los 1,6 millones de empleados. Así y en el periodo citado, los trabajadores del conjunto del sector público han aumentado en más de un millón.
El informe 'El traspaso de competencias en el sector público' apunta que, desde el inicio de este proceso, se han ejecutado un total de 1.994 transferencias. Estos acuerdos han supuesto un traspaso de personal de 821.693 personas hasta el pasado mes de noviembre.
Por autonomías, el documento revela diferencias notables, en tanto que Cataluña, Andalucía y Galicia son las comunidades que han recibido más traspasos desde el Estado.
Evitar duplicidades
Precisamente, a julio de 2015 el Estado contaba con 531.324 empleados, es decir, el 20,9% de los existentes en toda la Administración. Es por ello que desde la patronal destacan que, si bien es "adecuado" que la Administración Central mantenga operativa una cierta estructura dedicada a la coordinación y otras funciones generales, "es importante que dicha estructura no esté sobredimensionada y que se eviten todo tipo de duplicidades" con las funciones que se realizan a nivel autonómico.
Con todo, el líder de la CEOE matizó que también se debe tener en cuenta que la población ha aumentado de forma significativa en España durante estos años -en 6 millones de personas- y que, para valorar si el empleo público está sobredimensionado, es necesario un análisis organismo a organismo.
Rosell consideró, igualmente, que el proceso de traspaso de competencias fue "una grandísima oportunidad de modernización", aunque añadió que se ha quedado a mitad de camino, en tanto que el nivel de cesión "podría haber sido mayor".
Ejemplos de ineficiencia
Así, defendió que la administración tributaria siga siendo competencia del Estado que, a su vez, debería renunciar a otras, que demuestren ser menos eficientes. En concreto, apuntó a la Formación Profesional que, según defendió, no ha funcionado.
Por esta razón, apostó por elaborar un nuevo modelo de formación basado en la idea de que las empresas "son las que saben, las que pagan y las que tienen que decidir".
También puso como ejemplo de escasa eficiencia a los servicios públicos de empleo y defendió una necesaria reflexión sobre el modelo actual. "No puede ser que sólo coloquen al 3, 4 o 5% de las incorporaciones", sentenció el líder de los empresarios.
En relación a aquellas comunidades autónomas que están planteándose devolver competencias al Estado, Juan Rosell consideró que esto sería algo positivo, siempre que los gobiernos regionales no lo estén haciendo bien.
Por último, destacó la importancia de la colaboración público-privada, de la que dijo, se obtienen mejores resultados "y los números son normalmente más positivos". Rosell considera que otro aspecto clave debiera ser cómo evaluar la eficiencia de las administraciones.
