La patronal catalana, Foment del Treball, ha cosechado una nueva e importante victoria en la guerra que mantiene con la Generalitat por la representatividad institucional de las organizaciones empresariales catalanas.
Un triunfo en el frente judicial que se producía el pasado viernes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hacía público el fallo por el que suspendía cautelarmente el decreto de la Consellería d'Empresa y Ocupació del Ejecutivo autonómico por el que se excluía a Fepime, la patronal de pymes de Foment de representación y en los organismos institucionales y en las mesas de la negociación social.
El fallo obliga a la Generalitat a restituir el reconocimiento institucional de Fepime como patronal representativa, condición que le da derecho a participar en todos los organismos en los que están presentes los agentes sociales como el Consell de Relacions Laborals, el Servei d'Ocupació de Catalunya y el Tribunal Laboral.
El TSJC considera en su fallo que la norma autonómica que se suspende tiene "un interés público difuminado", porque dos de las tres organizaciones empresariales han impugnado la norma (Foment y Fepime) y la única con interés en la nueva regulación de la Generalitat es la asociación de pequeñas y medianas empresas Pimec.
Igualmente, el Tribunal expone que la competencia de esta norma no corresponde a la Generalitat de Catalunya, sino al Estatuto de los Trabajadores, norma que es de ámbito estatal.
Aunque el TSJC ya había aceptado de forma cautelar el recurso de Foment contra el decreto de la Generalitat del 25 de septiembre, la Consellería d'Empresa y Ocupació, dirigida entonces por Felipe Puig, emitía el pasado 2 de noviembre una Orden por la que se anulaba el citado decreto, pero mantenía la exclusión insitucional de Fepime y el reparto de la representación empresarial a partes iguales entre Foment y Pimec, elevando del 25 al 50% la representación de esta última asociación en detrimento de la patronal histórica a la que se le reducía el 25%, incluyendo en este porcentaje el 15% de Fepime.
Una decisión que desde el Govern se justificaba alegando que la asignación de cuotas es una atribución el Ejecutivo catalán, argumento que ahora rechaza el TSJC, pero que desde Foment se interpretaba como una "nueva factura" de la Generalitat por su posicionamiento público contrario a los postulados independentistas.
Aunque el conflicto por la representatividad empresarial lleva casi cinco años en los tribunales, la ruptura de relaciones entre Foment del Treball y la Generalitat se escenificaba el pasado 22 de octubre, cuando la organización que preside Joaquim Gay de Montellá, decidió ausentarse del acto de constitución del consejo de dirección del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el servicio de empleo catalán, en el que el Ejecutivo que todavía presidía Artur Mas le asignó tres representantes, cediendo una silla a Pimec, que hasta entonces tenía sólo dos, pero a la que desde la Generalitat se le considera, sino afín a Convergencia, si menos beligerante con los postulados del Govern.
