"Los puentes con la Generalitat están rotos". Así de rotundo se mostraba esta semana un alto cargo de la patronal catalán Foment del Treball, que el pasado día 22 escenificaba la ruptura de relaciones con su ausencia en el acto de constitución del consejo de dirección del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el servicio de empleo catalán, en el que el Ejecutivo de Artur Mas le asigna tres representantes.
Este acto de rebeldía viene a culminar una serie ininterrumpida de desencuentros, como consecuencia del posicionamiento de la organización empresarial que preside Joaquim Gay de Montellá, en contra de la deriva independentista de la Generalitat, que culminó con la reciente aplicación del decreto de la Conselleria de Empresa y Empleo sobre representatividad empresarial, que iguala la representación de la patronal histórica y mayoritaria de Cataluña a la de su antagónica Pimec, que agrupa a una amplia representación de las pymes de la Comunidad.
El consejo del SOC, dependiente de la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat, tiene doce miembros en representación de los agentes sociales, de los que seis se reparten a partes iguales, a los sindicatos mayoritarios en la Comunidad, CCOO y UGT, y otros seis corresponden a las organizaciones empresariales más representativas. Y es aquí donde ha surgido el punto que ha colmado la paciencia de Foment, que ha pasado de tener cuatro representantes a sólo tres, cediendo una silla a Pimec.
Además, la patronal que preside Joaquim Gay de Montellá ha llevado al Ejecutivo catalán ante la Justicia, al impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el decreto y la Orden de la Conselleria de Empresa y Empleo sobre las cuotas de representatividad empresariales, que fue aprobado por el Govern el pasado 15 de septiembre.
En esa impugnación ha pedido la suspensión cautelar de la aplicación del Decreto, tal y como recogen las sentencias sobre casos similares del Tribunal Constitucional, en las que se reconoce que la impugnación de un decreto implica la automática suspensión de todas las disposiciones que se incluyen en el mismo.
Un antiguo conflicto
Sin embargo, desde la Conselleria de Empresa y Empleo se han obviado las disposiciones del Constitucional y han empezado a aplicar la nueva normativa sobre representatividad sin cumplir los plazos fijados legalmente y sin esperar a que se dicte una sentencia.
A pesar de todo, y tras el plante de Foment en la constitución del Servei d' Ocupació de Catalunya, el conseller de Empresa y Empleo, Felipe Puig, se ha dirigido a la patronal catalana para solicitar una entrevista con su presidente, Joaquim Gay de Montellá, y tratar de limar asperezas y aclarar las posiciones. Hay que recordar que el origen del conflicto está en la sentencia del Tribunal Supremo, aceptando el recurso planteado por Foment del Treball para conseguir que su filial de la pequeña y mediana empresa, Fepime, obtuviera una cuota de representatividad en los órganos de representación social de Cataluña.
Esta decisión del Supremo obligó a la Generalitat a reconocer a Fepime una cuota de representatividad del 15%, que se detrajo del 75% que tenía hasta entonces Foment, manteniendo el 25% de Pimec.
Pero fue también a raíz de esta sentencia cuando desde el Govern se aprobó la Orden, primero, y el decreto, después, que regula la participación empresarial y en el que se exige a las organizaciones empresariales que certifiquen cuantas empresas tienen afiliadas y el número de trabajadores, pero con la salvedad de que si una empresa aparece en dos patronales vinculadas sólo se computará en la más grande, lo que implica la eliminación virtual de Fepime como organización empresarial representativa.
Otras vías están abiertas
La patronal de empresarios catalanes siempre ha mantenido que es necesario propiciar el diálogo entre Cataluña y España. El propio Gay de Montellà, en un acto público el pasado miércoles, mostró su disconformidad con la propuesta para iniciar el proceso de separación presentada por Junts pel Sí y la CUP en el Registro del Parlament. Pidió seguridad jurídica y diálogo y añadió que la patronal lleva mucho tiempo solicitando a Madrid y a Barcelona que se entiendan.
Por su parte, el presidente de la Comisión Jurídica de Fomento, Joaquín Tornos, como alternativa al proceso independentista, ha abogado por impulsar una reforma constitucional profunda, que defina España como una nación de naciones y permita a Cataluña blindar sus competencias. Dicha reforma "podría ser votada por los catalanes, que posteriormente podrían impulsar un nuevo Estatut que fuera "más allá".
