KPMG advirtió a Acuamed durante seis años consecutivos de que estaba contabilizando de forma incorrecta sus costes. Todos los informes de auditoría que la firma realizó entre los años 2008 y 2013 llevan una salvedad en la que se señala que "no hemos podido verificar la correcta clasificación y valoración" de los mismos, que a 31 de diciembre de 2013 se elevaban ya a 350,6 millones de euros.
La razón está en que el auditor no tuvo en ningún momento acceso a la documentación que demostrara la conformidad del Estado para hacer frente a estas partidas, por lo que los costes debían haberse clasificado como gasto. En lugar de atender esta recomendación y evitar así las salvedades, Acuamed persistió año tras año en el error y los clasificó, sin embargo, como existencias.
Hay que tener en cuenta que estos costes llevaban aparejados unas subvenciones, que aunque en 2013 eran de solo 11 millones, el año anterior se elevaron hasta los 86,4 millones de euros. KPMG no entró a valorar en ningún momento si había habido o no irregularidades en los sobrecostes ahora detectados, pero si certificó los importes facturados de acuerdo con los contratos.
Tal y como adelantó ayer elEconomista, el Tribunal de Cuentas sí que señaló en un informe realizado en 2014 que había habido sobrecostes en las obras de las desaladoras por importe de 330 millones de euros entre 2005 y 2012, durante los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el primero de la legislatura de Mariano Rajoy.
Los costes mal contabilizados durante esos mismos años, de los que advirtió también KPMG, no se refieren a las obras en las desaladoras sino en las dedicadas a los contratos para la limpieza del caudal de los ríos, donde también se investiga un presunto fraude.
Costes irreales
De hecho, en el último auto del juez Eloy Velasco se señala una "reclamación ilegal de 30 millones de euros" por parte de una UTE de FCC "con el apoyo de los directivos de Acuamed pero negada por los técnicos". El juez señala que "se preteden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación de 3,4 millones a 40 millones ficticios que se intentan justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos (...) causando un perjuicio a la Administración para compensar a FCC".
Según informaron ayer fuentes de la investigación a Europa Press, el actual subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, participó, por otro lado, en la reunión en la que se pactaron, con representantes de FCC esta compensación indebida de 40 millones de euros destapadas en el marco de la operación Frontino. El juez Velasco desveló ya en el auto dictado el pasado martes que los pagos irregulares se pactaban con "altos cargos" del Ministerio.
Varios denunciantes anónimos, trabajadores del organismo dependiente de Agricultura, han apuntado en distintas declaraciones judiciales sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada, teniendo en cuenta además que en aquel momento presidía el consejo de administración de Acuamed.
Reflejo en los presupuetos
En el auto, por el que ha enviado a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el magistrado precisaba que la compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016. Las fuentes consultadas aseguran que el monto de las últimas cuentas fue inferior debido a la reducción de la partida del departamento ministerial. La ministra de Fomento, Ana Pastor, pidió ayer "dejar actuar" a la Justicia para que "llegue hasta las últimas consecuencias".
