Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, anunció ayer que el Ministerio de Agricultura conoció las acusaciones de irregularidades en las contrataciones de la citada empresa en abril de 2014 y que fueron investigadas, sin éxito, en tres ocasiones: un escrutinio fue realizado por la propia sociedad, otro, por los servicios jurídicos del Ministerio, y otro, externo, por el bufete Gómez, Acebo & Pombo; "los expertos no encontraron ilícito penal", dijo Saavedra, sin aclarar si hallaron otro tipo de irregularidades.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí ha encontrado indicios de delito a partir de las denuncias. Por eso lanzó ayer la Operación Frontino, que ha detenido a 13 personas, entre altos cargos de Acuamed y ejecutivos de empresas contratistas, como FCC y Acciona, que se pueden haber beneficiado de las presuntas irregularidades, evaluadas informalmente entre 20 y 25 millones de euros. La sociedad pública ha gestionado más de 1.600 millones en la última década en infraestructuras hidráulicas en el Levante.
Saavedra, en su descargo, explicó que las herramientas a disposición de la Fiscalía son mejores que las de la Administración -"ellos, por ejemplo, tienen acceso a las cuentas corrientes"- y subrayó que la colaboración con la investigación ha sido máxima desde que tuvo conocimiento de ella.
Así empezó todo
Los hechos se remontan al 2 de abril de 2014; ese día se celebró una reunión del Consejo de Administración de Acuamed en la que se decidió el despido de Francisco Valiente, director de Ingeniería y Construcción, nombrado por Arcadio Mateo tras su incorporación a la entidad como director general en febrero de 2012. La razón aducida fue la "pérdida de confianza" del superior en el subordinado.
Ese mismo día se recibió un acta notarial que informaba de que Valiente -sabedor de su cese con anterioridad- había presentado una denuncia ante la Fiscalía por haber encontrado irregularidades en la gestión de la empresa.
Inmediatamente, el Ministerio encargó a Acuamed que comprobara la veracidad de las denuncias, él mismo hizo lo propio y, además, pidió un análisis externo a Gómez, Acebo & Pombo. Según palabras de Saavedra, ninguno encontró "razones que aconsejaran una actuación o sometimiento a la Fiscalía". No obstante, durante la elaboración del informe definitivo, se recibió una petición de información de la propia Fiscalía, con lo que se centraron en colaborar con ella.
Ahora, con el asunto destapado, el Ministerio ha decidido despedir al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y a la directora de Ingeniería y Construcción que éste contrató en lugar de Valiente, María Gabriela Mañueco, ambos detenidos ayer por la Guardia Civil.
Aunque haya presunción de inocencia y aunque aún se desconozca qué está persiguiendo la Fiscalía exactamente, porque el caso está bajo secreto de sumario -Saavedra no descarta que se trate de otra cosa-, las acusaciones contra ambos, de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, son lo "suficientemente graves" como para tomar la decisión de rescindir sus contratos.
Además, se ha pedido a la Abogacía del Estado que se persone en el caso, se va a encargar a una consultora otra auditoría externa que revise las contrataciones de Acuamed "en épocas muy diferentes", pero arrancando en el año 2007 -mucho antes de que se contratara a Mateo-, y se ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio para recibir la información que se obtenga con la nueva auditoría, añadirle la que tenga el Ministerio y remitírsela a la Fiscalía.