Mientras Italia todavía espera los logros prometidos por la reforma laboral aprobada el año pasado, el presidente de la República, Sergio Mattarella, sugiere una receta para estimular más rápidamente el empleo: "El empleo ha vuelto a crecer. Pero, a pesar este dato positivo, la salida de la recesión y la recuperación no han acabado con las dificultades cotidianas de tantas personas y familias. Hay todavía muchos jóvenes sin empleo", subrayó Mattarella durante el tradicional discurso que el Jefe de Estado transalpino pronuncia cada 31 de diciembre, añadiendo: "Según un informe, muy reciente, de Confindustria (la patronal italiana) en 2015 el fraude fiscal y contributivo en Italia alcanzó los 122.000 millones de euros. ¡122.000 millones! Es decir, 7,5 puntos de PIB. El mismo informe calcula que, solo reduciendo a la mitad el fraude se podrían crear más de 300.000 puestos de trabajo".
El fraude fiscal siempre ha sido una plaga para la economía italiana. Sin embargo, ahora que el país necesitaría un empuje para salir de la crisis, el lastre se hace más pesado: en 2015, estima la oficina de estudios de la patronal, la evasión alcanzó los 122.200 millones de euros, casi tres veces los recursos que el Gobierno de Matteo Renzi empleará para reducir impuestos en 2016. Sin embargo, en vez de recortar el gasto público o aumentar el déficit (como hizo Renzi) Confindustria indica que reduciendo a la mitad el fraude y empleando estos recursos para bajar impuestos, el PIB podría aumentar del 3,1 por ciento creando 355.000 puestos de trabajo.
El problema es que, a falta de intervenciones, la presión tributaria sobre ciudadanos y empresas ha seguido creciendo durante los últimos 10 años, pasando del 39,3 por ciento del PIB en 2005 al 43,6 por ciento en 2015. Para obtener resultados - señala el informe - la lucha contra el fraude debería empezar por el IVA, el impuesto más defraudado (40.000 de los 122.200 millones de evasión). Italia lidera los países europeos que menos pagan ese impuesto (33,6 por ciento de evasión) detrás de Grecia (34 por ciento) y muy por delante de España (16,5 por ciento, la mitad con respeto al país transalpino), Alemania (11,2 por ciento), Francia (8,9 por ciento) y Holanda (4,2 por ciento).
Pero si de un lado el Gobierno de Renzi parece muy resuelto en reducir los impuestos, del otro su actitud hacia el fraude fiscal resulta ambivalente. Entre grandes polémicas el Ejecutivo acaba de subir de 1.000 a 3.000 euros el limite para los pagos en efectivo. Según el primer ministro se trata de "una manera para ayudar el consumo". Sus críticos, sin embargo, señalan que esta es solo la medida más clamorosa entre muchas que relajan los controles sobre la evasión. De hecho, los recortes al gasto público han afectado (-30 por ciento de recursos) al fondo para la renovación de los medios de la Guardia di Finanza, la policía tributaria italiana, mientras la austeridad ha pasado factura a Hacienda.
En 2014 la recuperación de la evasión llegó a los 14.200 millones (+8,4 por ciento con respeto a 2013, en línea con la tendencia de crecimiento en la última década). Durante los primeros nuevos meses de 2015, por falta de medios, la recaudación de Hacienda casi no ha crecido (logrando solo un +0,1 por ciento de recursos adicionales con respeto al mismo periodo de 2014).
"La lucha contra la evasión fiscal es una prioridad del Gobierno?, reafirma el Ministerio de Economía en su previsiones económicas para los próximos años. Sin embargo - como ha pasado a menudo en las últimas décadas - en un país donde el fraude fiscal es tan difundido existe el riesgo de que perseguir los evasores resulte muy impopular. Un círculo vicioso del que el Ejecutivo de Renzi, de momento, prefiere no salir.
Servicios y comercio, los más evasores
El grueso de la economía sumergida en Italia se encuentra sobre todo en el sector servicios. Según el informe sobre el fraude fiscal de la patronal italiana Confindustria, los sectores que más defraudan los impuestos son los servicios (el fraude equivale al 32,9 por ciento del valor agregado del sector); el comercio, los transportes, los hoteles y los restaurantes (26,2 por ciento), y la construcción (23,4 por ciento). Para resolver el problema, el informe de la patronal sugiere tomar ejemplo de los países anglosajones donde, además de sanciones, el fraude implica la ?picota mediática? de los evasores.
