En apenas un mes, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha firmado 29 Decretos de Necesidad y Urgencia. El jefe del Ejecutivo ya advirtió en campaña que utilizaría esta herramienta para "gobernar" y sacar adelante un programa que vira hacia el liberalismo económico. El campo, las empresas exportadoras y las entidades financieras ya han respaldado sus primeros pasos. Un cambio que se exigía desde el mundo empresarial es el levantamiento del cepo al dólar.
El 16 de diciembre, es decir, cinco días después de asumir el poder, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, puso fin a cuatro años de control del peso. La medida, además de atraer cierta seguridad en los negocios, que ya no se tienen por qué dar bajo la sombra del mercado negro, supone abrir la puerta a las exportaciones. Era lo que se pedía, por ejemplo, desde el campo, donde buena parte de los agricultores y ganaderos guardaban cosechas que no tenían salida.
Además, con la vista puesta en este frente, el Ejecutivo también ha eliminado los impuestos a exportación de trigo y maíz y ha bajado la tasa para los envíos de soja. El resultado es un trigo más barato lo que ya ha supuesto, entre otros negocios, que la Autoridad General de Egipto comprara trigo argentino, algo que no ocurría desde 2012. Para los particulares, el levantamiento representa poder comprar libremente dólares en bancos y casas de cambio. Con este paso, Macri persigue atraer la inversión extranjera y turística al país.
No obstante, el mayor enemigo con el que cuenta el Ejecutivo ahora es la inflación que, según advierten la mayoría de economistas, se espera muy severa. Así, precisamente para aliviar esta presión en la cesta de la compra a las casas más humildes, Macri ha aumentado una de las partidas sociales con las que más popularidad ganó Kirchner. En concreto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que entre el martes y el miércoles de la última semana de diciembre estarían depositados los 400 pesos extra (28 euros) anunciados previamente por el presidente Mauricio Macri para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las embarazadas y de la jubilación mínima.
Por el contrario, uno de los ejes con el que el Gobierno quiere adelgazar el gasto es la eliminación de algunos subsidios -transporte o luz- de la era kirchnerista. Según la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), la masa global de recursos afectados a las transferencias económicas "para el financiamiento de gastos corrientes (subsidios) y de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado totalizaron más de 213.890 millones de pesos (14.900 millones de euros) en el transcurso de once meses de 2015".
Este planteamiento tiene muchos detractores, más aún cuando son frecuentes los cortes de luz en las grandes ciudades como Buenos Aires. Más de 56.000 usuarios sufrieron cortes en días pasados.
Críticas de los medios
Otra polémica vino por el litigio con los medios de comunicación. El presidente ordenó intervenir las dos agencias más importantes: la Autoridad (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic). En la práctica, dicho organismo se encarga de aplicar la nueva Ley de Medios aprobada durante el Gobierno de Cristina Fernández. El primer día, el auditor echó a 15 directivos.
Con un decreto, Macri también quiso designar a dos jueces de la Corte Suprema, lo que ha sido criticado porque no cuenta con una mayoría en el Senado para aprobarlo. También la expresidenta hizo uso de este privilegio en su última semana. Kirchner cumplió con un fallo judicial para dejar de retener a las provincias un montante dirigido a pagos en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Así, parte del pago de las pensiones deberá cubrirse con una ampliación en el presupuesto. El otro decreto ampliaba el gasto en 750 millones de euros y su destino era el abono de gastos de algunos Ministerios.
