Cuando el 27 de septiembre los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña mostraron que Junts pel Sí iba a necesitar pactar con la CUP si quería gobernar, nadie anticipaba que las negociaciones iban a ser tan costosas. Sin que todavía Artur Mas tenga asegurado el soporte a su candidatura como presidente, las medidas en materia económica que ha pactado con la CUP y plasmado en el anexo de la resolución independentista que ayer suspendió el Tribunal Constitucional, si se ejecutan, pueden hacer mucho daño al sector de empresas concesionarias. El él participan numerosos pequeñas y medianas empresas.
"No podemos realizar una valoración del impacto económico que puede tener esta medida, pero lo que sí sabemos es que en Cataluña existen miles de contratos de concesión que pueden verse afectados", explica Francesc Sibina, presidente de la Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al sector público en el ámbito de la infraestructuras, los equipamientos y servicios públicos (CCIES). Abertis, Agbar, Grupo Mémora, Saba, Alsa, Duet Sports o Parkeon son algunas de las empresas que están integradas en CCIES.
Un punto muy controvertido
El punto nueve del anexo de la resolución independentista que aprobó el lunes el Parlament establece que el nuevo gobierno revisará los tipos de interés relacionados con los créditos con los que se han financiado las concesiones. Según refleja la resolución, se trabajará en ajustar esos intereses para que sean acordes con actual entorno de tipos de interés (en mínimos históricos) e inflación. Este ajuste dejaría en una situación complicada a las concesionarias, porque ellas sí que tienen que pagar los intereses previamente pactados a los bancos.
La realidad es que el cambio en las condiciones puede provocar que muchas concesiones pierdan rentabilidad, incluso sean deficitarias, y que esto las induzca a impagar sus propios créditos.
"El incumplimiento unilateral del contrato con el prestador del servicio público generará el incumplimiento de éste con su financiador", anticipa CCIES. "No se encuentran referentes parecidos desde la creación de la Europa comunitaria de una iniciativa semejante ni siquiera en los peores momentos de la crisis de Grecia", añaden desde la asociación. Asimismo, insiste en que el punto 9 del anexo no sólo afecta a grandes empresas. Aunque se trate contratos de menor importe, multitud de pequeñas y medianas compañías operan en este sector y pueden sufrir si, aunque el Tribunal Constitucional lo haya bloqueado, el nuevo Gobierno, o el Ejecutivo en funciones, las aplica.
"Muchos servicios públicos, como la gestión de colegios, de residencias de la tercera edad, de polideportivos, el alumbrado público o incluso los puestos en el mercado son concesiones", explica Francesc Sibina.
El sector financiero, que por ahora no se ha pronunciado, es otro de los que puede verse perjudicado si el nuevo gobierno de la Generalitat decide aplicar la resolución independentista. El documento al que el lunes dio el visto bueno el Parlament afirma que se tratará de renegociar con la banca "residente" el pago de intereses.
Una hoja de ruta 'social'
Fija una renta mínima: Artur Mas, en su discurso de investidura, anunció que el nuevo Gobierno trasformaría la renta mínima de exclusión en una renta garantizada.
Alquiler social: La 'Generalitat' impulsará negociaciones con los grandes propietarios de vivienda vacía para fomentar el alquiler.
Se educará en lo social: Se aprobará una instrucción para promover la introducción de los aspectos sociales en la contratación pública.
