VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)
UGT ha anunciado que iniciará el 1 de enero un proceso contra el Gobierno por considerar que el Real Decreto 23/2013, que regula el factor de sostenibilidad de las pensiones, atenta contra la Constitución y la normativa europea.
Así lo ha asegurado el secretario general de la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez Merino, en el marco de la XVI Jornada 'Jubilarse no es acabarse', que se ha celebrado en Valladolid y ha abordado la actualidad y el futuro de las pensiones.
En concreto, Díez ha explicado que el 1 de enero iniciarán otro proceso contra el Gobierno español, que se suma a otros ya iniciados, por entender que la ley 23/2013, que regula el nuevo factor de sostenibilidad, el incremento del 0,25% anual y que equipara la cuantía de las pensiones a la media de vida, "atenta" contra la Constitución Española y la normativa europea.
El secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas ha asegurado que UGT llegará "hasta el final" porque consideran que el Gobierno ha ido en contra de un derecho que "ningún gobierno puede vulnerar", por lo que ha abogado por restituir el Pacto de Toledo como única forma de garantizar el poder adquisitivo y el consenso y que ningún gobierno vulnere esta cuestión.
Además, el sindicato quiere que tenga "plena vigencia" el artículo 48 de la Seguridad Social, de manera que las pensiones vuelvan a subir acorde con el IPC y que se mantenga su poder adquisitivo como se reconoce en la Constitución.
Este proceso, ha asegurado Díez Merino, se suma a la denuncia presentada contra el Estado por incumplir reiteradamente su posición en cuanto a la obligación de abonar la paga compensatoria de 2012 en lo que ha definido como un "camino largo" pero que espera que sirva para restituir los derechos que quitó con el Real Decreto 28/2012.
Precisamente respecto a las acciones que ha llevado el sindicato en referencia a esta paga compensatoria, ha recordado que en septiembre un juzgado de Barcelona ha dado la razón a un colectivo de 300 pensionistas que denunciaron a través del gabinete jurídico de UGT el real decreto del Gobierno que permitía no revalorizar las pensiones de 2012 conforme a la evolución del IPC.
En este sentido, ha destacado como aspectos relevantes de la sentencia que, por un lado, deja "en muy mal lugar" al Tribunal Constitucional que falló en contra del sindicato porque "echa por tierra" todas las tesis contra el recurso y el derecho de los pensionistas y, por otro, "abre las puertas de Europa", ya que se reconoce que el Gobierno ha incumplido el artículo 12 de la Carta Social Europea, el 65.2 del Tratado 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 65 del Código Europeo de Derechos Sociales.
Por ello, ha asegurado que aunque haya que llegar antes hasta la última instancia en España, es decir, el Tribunal Supremo, llegarán "hasta las últimas consecuencias", no tanto por la cuantía sino por el derecho "eliminado de forma generalizada" para todos los pensionistas.
SISTEMA SOSTENIBLE
Por otro lado, en el marco de la Jornada, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha explicado que con este encuentro anual se pretende reivindicar el carácter público y solidario del sistema de pensiones, además de que éstas sean "suficientes" y a su vez que haya una sostenibilidad.
Ferrer, en declaraciones a los medios, ha explicado que para UGT "solamente hay una alternativa", que es "mejorar y reforzar" el sistema público y ha aclarado que rechazan "cualquier intento de privatización".
El responsable de Acción Sindical de UGT ha explicado que para que las pensiones sean suficientes hay que derogar la ley que "impuso" el gobierno del PP, que ha afirmado que recorta el poder adquisitivo de los pensionsitas con el índice de revalorización y que las pensiones sean más bajas con el factor de sostenibilidad.
A su vez, considera que hay que mejorar los ingresos, por eso el sindicato apuesta por que la próxima legislatura se abra un proceso de diálogo social para buscar otras fuentes de financiación para que las pensiones contributivas mejoren, lo que creen que debería hacerse por vía impositiva.
A su vez, considera necesario mejorar la capacidad de creación de empleo y su calidad para aumentar los ingresos, lo que requiere mejores salarios, dado que la devaluación salarial ha supuesto que el sistema público de pensiones haya dejado de ingresar cerca de 15.000 millones de euros, según Ferrer.
En cuanto al uso del Fondo de Reserva del sistema de pensiones, el responsable sindical ha aclarado que no comparten las afirmaciones del Gobierno de que está para utilizarlo porque mientras lo han reducido en cerca de 25.000 millones se han hecho "regalos" a empresas a través de bonificaciones y, por lo tanto, "recortando" las cotizaciones.
Toni Ferrer cree que son dos cuestiones incompatibles porque no es posible decir que no hay suficientes ingresos y "echar mano de la hucha de las pensiones" y, por otro, reducir las cotizaciones. "Lo que tendría que hacer el Gobierno es mejorar los ingresos y en este caso no esquilmar un seguro que es para momentos excepcionales y el Gobierno lo ha convertido en un hecho casi rutinario", ha agregado.
