Nuevos problemas para Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno dio en diciembre de 2013 una subvención de 916.556 euros a Layosalud, una empresa controlada por uno de sus testaferros, Miguel Ángel Montero Quevedo, y en la que, según las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, podría haber participado también el propio Rato. La ayuda se concedió a través del Ministerio de Economía y estaba condicionada a llevar a cabo una inversión de 7,05 millones de euros, pero eso es algo que nunca ocurrió.
Layosalud tenía un complejo hotelero en Alba de Layos (Toledo), siendo Rato ya presidente de Bankia, pero, según un informe realizado por la Junta de Castilla-La Mancha hubo un "incumplimiento total de la condición de mantener inversiones (...) durante cinco años".
Como consecuencia de ello, el Ministerio de Hacienda elevó una propuesta a finales de 2013 a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que acordó exigir al testaferro de Rato la devolución del casi millón de euros de subvención con unos intereses de demora de 199.586 euros.
La empresa, que entró en concurso de acreedores con un patrimonio neto negativo de 2,3 millones y está liquidada, cobró la ayuda en 2009, cuando su facturación se situaba en sólo 1,3 millones de euros y con fuertes números rojos. De hecho, las pérdidas declaradas permitieron que entre 2009 y 2011 la declaración de la firma ante Hacienda le saliera a devolver por un importe total de 2 millones de euros. En 2009 fueron 657.954 euros; en 2010 otros 461.744 euros y en 2011, el último año del que hay cuentas disponibles, otros 932.180 euros más. Esas devoluciones permitieron que las pérdidas se redujeran de 8,2 a 6,2 millones después de impuestos.
La Comunidad de Madrid persiguió, por otro lado, a los tres hijos de Rato por la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en septiembre de 2014. La Consejería de Economía y Hacienda se vio obligada a colgar en el Boletín Oficial la comparecencia de Ana, María Ángeles y Rodrigo el lunes 6 de octubre, en el plazo de 15 días, después de no haber acudido a sus llamamientos por el cauce ordinario. La citación se produjo un año después de que el exdirector general del FMI transmitiera bienes a sus hijos por un valor de 2,6 millones, según la investigación de la Agencia Tributaria, que apuntaba a que utilizó esta vía para ocultar parte de su patrimonio al fisco, aunque el juez ha descartado un delito de alzamiento de bienes.
En abril de este año se conoció que Rato donó a cada uno de sus vástagos algo más de 864.700 euros, cantidad que luego pudo recuperar a través de una sociedad radicada en Londres y administrada desde Gibraltar. La Agencia Tributaria sospechó que el expresidente de Bankia transmitió participaciones accionariales de varias de sus empresas, entre ellas, Rodanman Gestión, Rafi y Aurosur, pero posteriormente las adquiere a través de Kradonara, propiedad de la británica Vivaway.
Investigación
La investigación de estas operaciones forma parte de la causa judicial que instruye el juzgado 31 de Madrid, además de las supuestas comisiones millonarias cobradas por otro de sus testaferros, Alberto Portuondo -en prisión desde agosto- por los contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012. Desde que saltara el escándado, con la detención de Rato y el registro de su despacho, el exvicepresidente del Gobierno siempre ha negado las acusaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda.
Indica que en todo momento ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que sus problemas con el fisco están solucionados. Hace días, en un comunicado, señaló que no posee ninguna propiedad en el extranjero que no haya sido declarada y que todos los bienes fuera de España tienen origen familiar.
Al parecer, en la donación realizada a sus hijos la exmujer de Rato, María Ángeles Alarcó, actuó como representante, pero en ningún caso transmitió ni recibió participaciones de dichas empresas. Alarcó trabajó en la Comunidad de Madrid durante años y llegó a depender de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2010 y 2012, cuando desempeñó el cargo de presidenta de Turismo de la región. Posteriormente, fue nombrada por el Gobierno nacional presidenta de Paradores, cargo que ocupa ahora.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía en el caso Rato alcanzan a las propiedades de Alarcó en la actualidad o en el pasado, por si pudieran estar relacionadas con los presuntos delitos de blanqueo, fraude fiscal y corrupción de particulares a los que se enfrenta el exbanquero. Alarcó es una de las pocas personas que ha defendido públicamente a su exmarido en los últimos meses.
