El Ministerio de Hacienda, que comanda Cristóbal Montoro, descarta de momento tomar medidas drásticas contra Aragón, Extremadura y Valencia, pese a que las tres autonomías incumplen de forma reiterada y flagrante la ley que fija los plazos de pago a proveedores (tardan más de tres meses en abonarles sus facturas).
El Ministerio confía en que, tras apercibirlas por carta en marzo, las tres regiones presenten "reducciones significativas" de su morosidad en mayo y junio, y así lo han comunicado los tres Gobiernos autonómicos afectados.
Aragón, Extremadura y Valencia no son las únicas CCAA que dejan en papel mojado el período medio de pago (PMP) de 30 días obligatorio para las Administraciones Públicas, pero sí son las tres únicas que duplican ese plazo legal, durante más de dos meses seguidos. Así pues, con la ley en la mano, si insisten en su extrema morosidad, Hacienda puede iniciar la fase coercitiva, y retenerles parte de la financiación.
Retención, no suspensión
"Es ajustado a ley que Hacienda aperciba a las incumplidoras, pero si las tres autonomías detallan sus planes de tesorería, medidas para ponerse al día, y rebajan los plazos, no se llegará a retenerles fondos", apuntan expertos fiscalistas. Muy distinta fue la interpretación de la oposición en el Congreso, donde el portavoz socialista, Antonio Hernando, exigió a Montoro que no "amenace" y "trabaje" para "garantizar la suficiencia financiera" de comunidades. El socialista le reprochó que, desde las elecciones, Hacienda "esté amenazando a todos los nuevos gobiernos".
Aun en el peor de los casos, aunque Hacienda iniciara el procedimiento automático de retener la financiación, "a esas autonomías no se les quitaría dinero, sino que sería el Estado quien se encargaría de pagar a los proveedores, usando para ello parte del dinero retenido", explican en fuentes fiscales.
Ahora bien, "si se llegara a poner en marcha el mecanismo de la retención, estaría vigente seis meses consecutivos, durante los cuales las CCAA tendrían que cumplir escrupulosamente los plazos de pagos".
Los últimos datos publicados por Hacienda evidencian que la lacra de la morosidad pública afecta a la mayoría de autonomías: sólo nueve pagan en menos de los 30 días legales, cinco lo hacen entre 30 y 60 días, y las tres apercibidas tardan más de tres meses. Por ejemplo, Andalucía, Baleares y Madrid también tienen dificultades y tardan más de 50 días en pagar a sus proveedores.
Por otra parte, Montoro avanzó ayer que las ayudas sociales concedidas a personas de renta reducida serán "inembargables". El ministro anunció una enmienda a la reforma de la Ley General Tributaria para así otorgar el "mínimo de subsistencia" a personas en esta situación.
