El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes del proyecto de ley orgánica que permite la publicación de sentencias firmes de defraudadores fiscales y que presenta como novedad que el condenado podrá evitar esa publicidad si repara el daño causado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el pasado año hubo 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda pública. Asimismo, ha recalcado que el anteproyecto prevé que sea el secretario judicial quien certifique las sentencias firmes para su publicación, aunque no en su totalidad, en el BOE.
La vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo ha estudiado los diferentes informes que se han emitido sobre la retroactividad de la publicación de las sentencias y el carácter penal o no de una medida de esta naturaleza, sobre la que hay distintos criterios según las instituciones.
A este respecto, ha subrayado que el Gobierno comparte la teoría del CGPJ de que no es una pena, "igual que no lo son algunas sanciones de ámbito económico que deben publicarse y que no se consideran normas restrictivas".
Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Gobierno ha optado por una retroactividad "media", que prevé que se publiquen las sentencias que sean firmes una vez que haya entrado en vigor la ley, aunque los hechos se hayan cometido antes. En este sentido, ha asegurado que el tiempo medio de tramitación de una sentencia desde que es registrada la denuncia por la Agencia Tributaria hasta que es firme, en 2014 y lo que ha transcurrido en 2015, ha sido de 2.331 días.
Colaboración con las ETT
En materia de empleo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el régimen de autorización y la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT). Además ha autorizado un contrato de 42 millones entre el SEPE y las agencias de colocación.
La nueva norma establece la creación de una base de datos central de todas las ETT autorizadas de España y dispone que todos los trámites deben hacerse obligatoriamente por medios electrónicos. Toda la base será gestionada por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien desarrollará una aplicación informática para darle cobertura.
Además, se implanta la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en materia de Empresas de Trabajo Temporal.
