La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha respondido hoy de una manera sorprendente a quienes le preguntaban acerca de un informe del Tribunal de Cuentas en el que se arrojan serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema ferroviario de alta velocidad, al asegurar que "coincide en todo lo que dice" el máximo órgano de fiscalización contable.
En su informe, el Tribunal reconoce que el AVE es insostenible, y recuerda que mientras que en el AVE Madrid-Sevilla se cubren de sobra los costes (el 124% del total) en el AVE a Barcelona lo que el Estado recibe a través del precio de los billetes apenas basta para costear el 65% de su mantenimiento, porcentaje que se reduce hasta el 16% en el caso del AVE a Valladolid.
"El modelo en el que hemos estado durante años, que es el modelo del despilfarro, ese es el modelo que dice el Tribunal de Cuentas con el que efectivamente coincido en todo lo que dice", ha afirmado Pastor, que asegura en cambio que ahora "estamos en una nueva era con una planificación absolutamente diferente".
La titular de Fomento ha añadido que "hay que hacer inversiones que tengan retorno social y económico" y que "la conclusión más importante es que la red de Alta Velocidad en España va a ser cada vez más eficiente cuanta más red haya".
El AVE a Galicia no se toca
Pastor responde así a las afirmaciones del Tribunal de Cuentas, que además de recomendar subir las tarifas que Adif le cobra a Renfe (las empresas públicas propietarias de las vías y de los trenes, respectivamente) justo cuando el Gobierno acaba de anunciar una rebaja de esas tarifas, invita a Fomento a "ajustar mejor las inversiones en infraestructuras a las perspectivas de financiación existentes, priorizando la evaluación socioeconómica de los proyectos que primen la eficiencia en la aplicación de los recursos, no iniciando proyectos no rentables".
Preguntada en Santiago de Compostela acerca de la llegada de la alta velocidad a Galicia y si las obras corren peligro, lo ha negado con un tajante "de ninguna de las maneras", y ha reivindicado la inversión de 3.000 millones de euros durante la legislatura y que los gallegos "tienen el mismo derecho" que otros ciudadanos del estado español que, en algunos casos, ya cuentan con AVE "desde hace 20 años".
