España y su recuperación económica están profundamente marcadas por la apretada puja electoral de este año. Y la Comisión Europea lo sabe. Por eso, midió ayer sus palabras al anunciar sus previsiones para nuestro país.
Ante las cámaras, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lanzó un "mensaje positivo" a Madrid dada la "robusta recuperación" y el esfuerzo reformador que "empieza a dar sus frutos". No obstante, Bruselas pide a Madrid que modere el gasto, con especial hincapié en la contención de la plantilla pública. De hecho, la Comisión podría mandar un aviso a España en víspera de las elecciones si no corrige la desviación del déficit.
Bruselas vuelve a mejorar sus proyecciones para la economía española, hasta esperar un crecimiento del 2,8% este año. El año que viene, el PIB moderará su alza hasta el 2,6%. La Comisión respalda el optimismo del Gobierno (2,9%) e incluso avisa que sus previsiones podrían quedarse cortas.
La demanda doméstica, impulsada por el descuento del petróleo barato y el estimulo monetario del BCE también da alas a la recuperación en la eurozona y en el conjunto de la UE para este año (1,5 y 1,9%, respectivamente) y el que viene (1,9 y 2,1%, respectivamente). Este crecimiento es la pasarela con la que el Gobierno espera cumplir sus objetivos fiscales hasta 2016, cuando deberá rebajar el déficit por debajo del 3%. A pesar de que el Ejecutivo del PP prevé mantener la senda marcada, Bruselas espera que nuestro país descarrile este año tres décimas (hasta el -4,5% del PIB), lo que le dejará en 2016 con un ajuste pendiente de más de 5.000 millones (3,5 por ciento del PIB).
El problema electoral
Moscovici evitó confirmar si España deberá aplicar medidas adicionales para corregir esta desviación este año, aunque subrayó que los objetivos fiscales no se cumplirán. Eso sí, lanzó un aviso general al decir que "aunque sea año electoral, eso no debería impedir actuar" [al Gobierno español]. Más claros fueron los expertos comunitarios fuera de micrófono, al señalar que el Gobierno central, y sobre todo las autonomías, deben controlar el gasto para cumplir con los objetivos de déficit.
El problema viene por el lado de las contrataciones en la Administración. La mejora de la situación económica, y "en cierta medida" el año electoral, han provocado que "se esté abriendo la mano con el empleo público", comentan las mismas fuentes. Como reflejó la última EPA, el empleo público aumentó en casi 30.000 puestos en el primer trimestre. Los técnicos de la Comisión estiman que España no necesitaría tomar medidas adicionales para recortar las tres décimas de diferencia si logra contener la plantilla de funcionarios.
Si nuestro país no corrige el rumbo, los expertos comunitarios avisan que el Gobierno de Mariano Rajoy se podría encontrar con un aviso en otoño, al verificar la desviación en la trayectoria fiscal. Aunque este toque de atención no se espera que llegue hasta el punto de acelerar el procedimiento de déficit excesivo, la amonestación comunitaria supondría un jarro de agua fría para el mensaje optimista oficial en vísperas de la cita con las urnas.
El caso de Valencia
La Comisión lleva semanas sugiriendo que no tiene intención de ser indulgente con nuestro país. Algo que conecta con el problema de las facturas en el cajón de la Comunidad Valenciana. La Comisión podría proponer hoy una sanción a España por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana, que no recogían parte del gasto sanitario de la región (las llamadas facturas en el cajón), lo que provocó la presentación de datos no reales sobre el déficit español durante varios años. La normativa comunitaria prevé una multa de hasta un 0,2 por ciento del PIB en este tipo de infracciones, lo que, en el caso de España, podría rozar los 2.000 millones. Fuentes del Ejecutivo comunitario afirmaron a Ep que la propuesta sería "muy inferior".
La investigación formal de la Comisión sobre este asunto se inició en julio de 2014, aunque el caso había salido a la luz en mayo de 2012. En ese momento, España informó al Eurostat de la necesidad de revisar al alza el dato de déficit correspondiente al ejercicio 2011 en 0,4 puntos, hasta el 8,9 por ciento del PIB, debido a que se habían detectado gastos no contabilizados en variasautonomíaas, centrándose el grueso de los mismos en Madrid y Comunidad Valenciana.Si bien en el caso de Madrid se consideró que se trataba de un hecho "excepcional", no ocurrió lo mismo respecto a Valencia, debido a la reiteración en el tiempo de estas prácticas. En concreto, se descubrieron facturas de gasto sanitario no contabilizadas desde 1988 hasta 2011.
El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero este organismo aún no se ha pronunciado. Fuentes de la Generalitat Valenciana explican que esta situación se generó "durante el mandato de los anteriores Gobiernos autonómicos" y que se han adoptado "todas las medidas para que un caso como este no vuelva a suceder". De prosperar la multa a España, se trataría de la primera bajo la legislación que faculta a la Comisión a investigar y sancionar posibles manipulaciones estadísticas de sus estados miembros.
Al cierre de esta edición, fuentes comunitarias manifestaban desconocer si se discute hoy, pero el tope para la decisión es el próximo lunes, salvo que no pase por el colegio de comisarios.
Respecto al conjunto de la UE, la Comisión mira con optimismo los dos años por delante. El programa de compra de bonos del BCE, que no había entrado en vigor al realizar las previsiones de invierno, está teniendo un impacto "más fuerte de lo esperado en febrero", dijo Moscovici. Alemania mejora su previsión cuatro décimas para este año, Italia sale de la recesión, Francia logra una ligera mejora de su PIB en 2015, mientras fuera de la eurozona Polonia y Reino Unido presumen de robustez. Sin embargo, la Comisión advierte una larga lista de tareas pendientes una vez desaparezcan muletas temporales como el euro débil y el crudo barato.
