El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera, una vez concluida la instrucción, que el pago de 200.000 euros realizado supuestamente por Sacyr al PP para afrontar los gastos de la campaña electoral en las autonómicas de Castilla-La Mancha de 2007 podría implicar un delito de prevaricación.
En un auto dictado ayer, el magistrado considera que podría haber una vinculación entre esta aportación económica y una adjudicación realizada en Toledo a favor de Sufi, una filial del grupo que preside Manuel Manrique, para la explotación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria en la ciudad. No obstante, considera también que no existe una conexión suficiente entre esta supuesta entrega de dinero y la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP, por lo que ha optado por inhibirse y abrir una pieza separada.
Entregas acreditadas
Ruz añade que en el momento presente no se cuenta con elementos indiciarios suficientes que justifiquen la investigación de aforados, cuya competencia recaería sobre la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Según el juez, serán por lo tanto los juzgados de Toledo los que deban determinar la pertinencia de la práctica de diligencias solicitadas por las acusaciones o el sobreseimiento instado en su calidad de imputados por el exgerente regional y supuesto receptor de la donación José Ángel Cañas; el entonces tesorero de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina y el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, teniendo en cuenta que la causa se sigue también contra el actual presidente de la compañía Manuel Manrique.
Eso sí, de momento, el titular del juzgado de instrucción número 5 se muestra contundente al asegurar que "la presente instrucción permite tener por indiciariamente acreditadas las entregas de dinero en efectivo (...) efectuadas por Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, el imputado José Ángel Cañas, el 12 de febrero de 2007 y el 28 de marzo de 2007 por haber sido las mismas documentadas en el recibo manuscrito por el mismo y que obra aportado al Juzgado, sobre el que se practicó prueba pericial caligráfica".
Archivo provisional
Ruz ha decretado, en cambio, el archivo provisional de la causa seguida contra 22 empresarios que realizaron donaciones que quedaron anotadas en la contabilidad B de Bárcenas, al no haber sido posible establecer una vinculación entre esas aportaciones y la adjudicación de contratos públicos a sus compañías. Es el caso de José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; y el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, que seguirá siendo investigado en cualquier caso en los juzgados de Toledo por el contrato de basuras.
El magistrado, que da por acreditada la existencia de la caja B en el PP, al que considera además presunto responsable civil subsidiario, propone llevar a juicio a seis personas, entre las que destacan los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el ex gerente del partido Cristóbal Páez.
