BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)
Los ministros de Empleo de los 28 han alcanzado este lunes un acuerdo político, pendiente de ratificar por la Eurocámara, sobre una norma para reforzar los controles sobre las empresas que recurren a trabajadores desplazados de otros Estados miembros, con el fin de evitar el fraude y los abusos y de combatir el 'dumping' social.
El compromiso sobre esta iniciativa, que enfrentaba a Francia y Alemania con la mayoría de países del este y centro de Europa, ha sido posible después de que Polonia retirara sus reservas. En contra han votado Reino Unido, Hungría, República Checa, Letonia, Estonia, Eslovaquia y Malta.
El acuerdo reconoce un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para imponer requisitos administrativos a los trabajadores desplazados y para realizar controles nacionales.
Asimismo, la norma impone un régimen de responsabilidad solidaria para garantizar los derechos de los trabajadores en las subcontratas, tal y como está contemplado ya en la legislación española.
Los trabajadores desplazados juegan un papel destacado en la prestación transfronteriza de servicios en sectores como la construcción, la agricultura y el transporte y en otros que requieren mano de obra muy especializada como en las telecomunicaciones.
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