La Comisión Europea ha dado formalmente a España dos años más, hasta 2016, para reducir el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, la meta fijada para este año pasa del 4,5% inicialmente prevista, al 6,5%. El Ejecutivo comunitario ya había anunciado que daría más tiempo, pero no lo hará a cambio de nada. Tras conocer el informe de la Comisión, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que estudiará una reforma tributaria en 2014 que plasme las líneas maestras de la UE.
Tras analizar el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy envió a Bruselas a finales de abril, la Comisión Europea ha emitido un listado con las medidas necesarias para reducir los desequilibrios que ponen en riesgo la estabilidad económica. Sus recomendaciones son de sobra conocidas.
Entre otras, la Comisión insiste en que España debe realizar una revisión de la reforma laboral. Además, debe aprobar la reforma de la administración pública y una redistribución de tramos de IVA, para limitar IVA el reducido, así como adoptar impuestos medioambientales. Asimismo, Bruselas pide a España concluir la reforma de las pensiones antes de final de año.
Tras la revisión de los objetivos de déficit, los límites quedan fijados de la siguiente manera: 6,5% en 2013, por encima del 6,3% que había pedido el Gobierno y el anterior objetivo del 4,5%. En 2014 deberá reducirse al 5,8%, al 4,2% en 2015 y al 2,8% en 2016.
Las reformas que pide la Comisión
Más al detalle, la Comisión Europea ha pedido este miércoles a España "culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida".
Además, deberá considerar si es necesario introducir cambios a la reforma laboral como muy tarde en septiembre de 2013. En el mercado de trabajo, la Comisión pide "una reforma de las políticas activas" para mejorar sus resultados, así como "reforzar y modernizar" los servicios de empleo público y acelerar la colaboración público-privada en los servicios de colocación.
El Gobierno debe poner en marcha las medidas contra el paro juvenil previstas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y continuar mejorando la educación y la formación profesional, introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013, a más tardar.
En materia fiscal, Bruselas reclama ahora una "revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014". En esta revisión debe explorarse la posibilidad de subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el IVA reducido del 10% al 21%. El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá además que "adoptar medidas adicionales respecto a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes".
La Comisión recomienda también "revisar los impuestos aplicados a los vertederos y a otros residuos y mejorar la política de precios del agua".
España debe "considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa" y también "adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades". La Comisión reclama también intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
La Comisión Europea también ha sugerido este miércoles a España que suprima o limite la desgravación fiscal por planes de pensiones privados. "En el impuesto sobre la renta personal, la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro", sostiene el Ejecutivo comunitario.
Por su parte, en el impuesto de sociedades, existen "importantes deducciones para calcular la base imponible que reducen el tipo efectivo, hasta situarlo en torno al 60% del establecido en la reglamentación". El resultado es que, aunque las pequeñas empresas tienen un tipo reducido del 25%, "en promedio las PYME pagan un tipo efectivo mayor que las empresas más grandes".
La recomendación de Bruselas en este sentido es "considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa", es decir, de las deducciones que afectan a estos dos impuestos.
El Ejecutivo comunitario ya reclamó el año pasado acabar con la desgravación por vivienda, una petición que fue seguida por el Gobierno. Ahora Bruselas quiere que en marzo de 2014 se examine la eficacia del marco regulador para apoyar el mercado de alquiler de viviendas.
El Gobierno deberá además acelerar la reforma de la administración pública. Bruselas espera que la reforma de la administración local se apruebe en los plazos previstos y que el plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública esté listo en octubre de 2013. El proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado tiene que aprobarse y aplicarse "urgentemente".
Sanidad y Educación
España deberá "aumentar la relación coste-eficacia del sector sanitario, manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad de grupos vulnerables, por ejemplo reduciendo el gasto farmacéutico en los hospitales, potenciando la coordinación entre los diferentes tipos de asistencia sanitaria y mejorando los incentivos para un uso eficiente de los recursos".
El Ejecutivo comunitario pide finalmente aprobar y aplicar antes de fin de año la ley para liberalizar colegios y servicios profesionales. En el mismo plazo deberá ponerse en marcha una "reforma estructural del sector de la electricidad" con el fin de acabar con el régimen de tarifa. España debe también adoptar medidas para reducir el número de personas con riesgo de pobreza.
Las propuestas de Bruselas deben ser ahora aprobadas por el Eurogrupo y el Ecofin en su reunión de junio y avaladas por la cumbre de líderes europeos que se celebrará a finales de ese mes.