Economía- El Congreso debate el jueves la Cuenta del Estado de 2010, con llamadas a un uso más eficiente de la tesorería

Se reclaman presupuestos redactados con el "máximo rigor" para reducir las transferencias del Estado

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso debatirá el próximo jueves el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2010 y las recomendaciones presentadas por los grupos parlamentarios, entre las que se incluye un emplazamiento al organismo fiscalizador para que analice los gatos vinculados a la deuda en el sector público que se recogen en los presupuestos.

En concreto, el informe recoge la necesidad de analizar concretamente la antigüedad, vida media y riesgo de refinanciación de los compromisos de gastos derivados de la deuda y su carga financiera, así como comprobar si su destino fue la financiación del déficit no financiero o del déficit financiero.

Además, también se insta al Tribunal a impulsar una mejora de la gestión de la Tesorería en las diferentes administraciones públicas de tal manera que se haga una "utilización exhaustiva" y una "gestión óptima" de sus necesidades reales, con el objetivo de "reducir el coste financiero global" y poder así "evitar que los organismos y entidades del sector público dispongan de excedentes de Tesorería muy elevados respecto a las obligaciones a corto plazo".

En la misma línea, se insta al Tribunal de Cuentas a "promover la obtención de una adecuada rentabilidad de los recursos líquidos que conserven", así como a dictar las normas oportunas para que los presupuestos se redacten con el "máximo rigor", de tal manera que se puedan "reducir las transferencias del Estado mediante la utilización preferente de los remanentes de Tesorería" en los organismos públicos.

MEJORAR LOS INVENTARIOS

También se propone una mejora en la contabilidad del inmovilizado y avanzar en la actualización de los inventarios públicos, a la par que se reitera en la necesidad de que se presenten cuentas consolidadas, que se avance para que todas las administraciones obligadas a rendir cuentas lo hagan en la forma y el plazo estipulado, y que se exija "la responsabilidad que proceda a los gestores, especialmente cuando el incumplimiento se reitere".

Además, se pide al Tribunal una mejora en la homogeneidad en el formato y en los datos aportados por las diferentes administraciones, y que se subsanen los defectos que, año tras año, detecta en sus informes.

MEJORAR LA INFORMACION PRESENTADA

También destaca la petición al Tribunal de Cuentas de que trabaje para mejorar la planificación, la presupuestación y la presentación de las cuentas; la contabilidad de la Seguridad Social, o para incluir en la Cuenta General del Estado nueva información económico-financiera relevante como informes de gobierno corporativo, de sostenibilidad o de gestión.

Asimismo, se insta al organismo fiscalizador a evaluar a partir de ahora las medidas de estímulo económico y de reforma que aprueba el Gobierno para saber qué efecto tienen; y que se adapte la financiación de la Seguridad Social "a la situación real de gasto" para impedir que se incremente el déficit y se dificulte el objetivo de separación de fuentes de financiación o se generen tensiones de liquidez.

Con respecto a la liquidación de los centros mancomunados sin personalidad jurídica propia, de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que aún se encuentren pendientes, se plantea la necesidad de contar con la colaboración de las distintas instituciones y organismos públicos que pudieran estar afectados en este proceso de liquidación".

CONTROLAR LA DEUDA

Finalmente, se pide que el Tribunal de Cuentas opine en futuros informes sobre el saldo de obligaciones pendientes de pago y qué parte de dicho saldo deudor se encuentra incurso en morosidad; y también acerca de "si los sistemas de gestión y control de los gastos públicos proporcionan información suficiente" en materias como el cumplimiento de programas y objetivos, desviaciones y causas.

En este sentido, los partidos creen que sería deseable "más información sobre los aspectos significativos de las desviaciones negativas entre los créditos autorizados y las obligaciones reconocidas a final del ejercicio" para poder conocer qué programas se han visto afectados, particularmente en las partidas que deben prestar un "mayor apoyo a la recuperación del potencial de crecimiento" como las de Infraestructuras o Investigación, Desarrollo e Innovación.

También se exige al Tribunal de Cuentas que actúe para que las entidades del sector público administrativo "registren contablemente la totalidad de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores", y que se estudie la posible exclusión del importe de los solares y construcciones transferidos a las comunidades autónomas y los edificios traspasados a las Fundaciones Hospital del inventario de la Seguridad Social.

Finalmente, se insta al organismo fiscalizador a proceder a la "definitiva cancelación" de los derechos de la Administración General --y las consiguientes obligaciones de la Seguridad Social-- correspondientes al traspaso de funciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales a favor del País Vasco y Navarra.

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