Hacienda confirmó ayer que relajará el límite de déficit impuesto a las comunidades autónomas para este año, del 0,7%, si finalmente Bruselas hace lo propio y reduce la meta prevista para el conjunto de las administraciones públicas, fijada en el 4,5%. España confía en que la Comisión Europea será transigente.
Y mientras llega la confirmación oficial, el Ejecutivo estudia cómo podría trasladar a las autonomías esta flexibilización. Una posibilidad sería establecer una meta de déficit diferente para cada autonomía, algo impensable hasta hace poco en el Ministerio de Hacienda.
Esta propuesta, que recoge El País a partir de fuentes gubernamentales, se articularía de manera parecida al método que ya existe para fijar el nivel máximo de deuda pública que puede tener cada región. No obstante, hay que analizar muy bien cómo se estructura, teniendo en cuenta que es un tema muy delicado que puede provocar largos debates entre las distintas administraciones regionales.
Para las comunidades, ya el hecho de que el gobierno haya puesto sobre la mesa la posibilidad de relajar el objetivo de déficit autonómico supone un paso importante, especialmente después de que se negara a hacerlo en 2012.
En verano del año pasado Bruselas relajó la meta de déficit para España, pero el Gobierno central se opuso a rebajar a su vez el de las comunidades, que tuvieron que cumplir con una reducción del 4,5%. Muchas criticaron la decisión del Ejecutivo e incluso Cataluña denunció este hecho ante la Comisión Europea.
Pero este año Hacienda sí ha confirmado que está dispuesta a dar algo de oxígeno a las comunidades. No obstante, la decisión dependerá en buena medida del nuevo margen que conceda Bruselas.
Los pasos a seguir
Por el momento, el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn ha repetido en más de una ocasión que está dispuesto a dar más tiempo para corregir el déficit excesivo. Pero hay un procedimiento a seguir. Primero, Bruselas, a través de la agencia estadística Eurostat, debe confirmar la cifra de cierre de déficit de 2012 para el conjunto de administraciones, que el Gobierno fija en el 6,7%.
A partir de entonces, las autoridades europeas comenzarán a analizar los objetivos previstos para este año, para ver si es necesario ajustarlos a la realidad económica actual y reajustarlos. A principios de mes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya confirmó que España mantenía conversaciones con Bruselas en este sentido.
Una vez la Comisión Europea confirme el déficit que deberá cumplir España, Hacienda convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cita que servirá para negociar con las autonomías un nuevo límite. Será entonces cuando se cree un grupo de trabajo para abordar cómo se podría repartir el esfuerzo de reducción del déficit entre las diferentes regiones.
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