En los últimos seis meses, más de 80.000 personas que trabajaban en la construcción se han quedado sin empleo. Los analistas coinciden en que, pese a lo elevado de la cifra, no estamos más que ante los primeros coletazos de una crisis más profunda que podría llevarse por delante en los próximos dos años entre 250.000 empleos -en las estimaciones más optimistas- y un millón -según las más catastrofistas-.
Hasta el momento, la reacción del Gobierno se ha limitado al anuncio de un poco definido plan de recolocaciones, del que a día de hoy sólo se conoce su presupuesto -hay 201 millones de euros disponibles para su puesta en marcha- y que no será exclusivo para los rebotados de la construcción como se dijo en un principio.
A los sindicatos del sector no les parece mal el plan gubernamental, pero, dada la gravedad de la situación, se han puesto de acuerdo para poner encima de la mesa del Ministerio de Trabajo en los próximos días una iniciativa bastante más ambiciosa: el adelanto a los 60 años de la edad legal de jubilación de los trabajadores de la construcción.
240.000 parados menos
Los sindicatos confían en que sólo con este ajuste se pueda evitar que 245.000 personas que hoy gozan de un contrato en una empresa de la construcción den con sus huesos en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo.
La lógica de la medida funciona de la siguiente manera. MCA-UGT y Fecoma-CCOO dicen haber constatado que alrededor de la mitad de la gente de la construcción que ha perdido su empleo durante el último año (unos 100.000) pertenecen a ese segmento demográfico, especialmente expuesto a la crisis, de los mayores de 60 años, en el que todavía conservan un empleo otros 86.000 trabajadores.
Régimen similar al de los mineros
La solución que proponen es sencilla. Dado que es muy probable que los ajustes en el sector se ceben en esta bolsa de trabajadores más adultos, lo mejor sería reconocer a los operarios de la construcción el mismo régimen del que hoy disfrutan, por ejemplo, los mineros, los trabajadores del mar o los bomberos, que les permite abandonar de forma completamente legal y sin perder ni un solo euro su puesto de trabajo antes de los 65 años.
De este modo, argumentan los sindicatos, no sólo se solucionaría un problema social -el de los trabajadores en puestos de especial penosidad que tienen que esperar a los 65 años para poder jubilarse- sino que se resolvería un incipiente problema de desempleo y otro, aún más amenazador, de presión sobre las finanzas públicas (el gasto por prestaciones relacionadas con el paro está aumentando a ritmos próximo al 20 por ciento desde el arranque del año).
¿Por qué? Porque esos 86.000 trabajadores que se jubilarían automáticamente no engrosarían las listas del paro e incluso podrían liberar alguna vacante y crear un nuevo empleo. Además, habría otros 345.000 trabajadores (los que el INE sitúa en el segmento de entre 50 y 59 años) próximos a la jubilación que permitirían liberar más vacantes disponibles de empleo en el sector durante la legislatura. De ahí sale la estimación de esos 245.00 parados que se podrían evitar.
Coste asumible
Los sindicatos argumentan que sólo el ahorro para las arcas públicas de esas miles de nóminas por desempleo justifican la adopción de la medida y, en cualquier caso, dicen que ese ahorro compensaría el coste adicional de pagar cinco años más de jubilación a unos trabajadores que, en su mayoría, han completado carreras de cotización superiores a los 30 años.
La Seguridad Social ya mostró, en su día, su rechazo a la aplicación generalizada de esta medida, ya que supondría abrir la jubilación a los 60 a un colectivo de dos millones de trabajadores. Algo que nunca se ha hecho en España y que rompería con el proceso de aproximación de la edad real y legal de jubilación que se vive en nuestro país.
Los sindicatos tienen un plan B que ofrecer al Gobierno. Se trataría de reconocer este beneficio únicamente a los trabajadores que ocupen puestos especiamente penosos por sus condiciones de toxicidad o peligrosidad.
Se trata de una reivindicación histórica que los responsables de MCA-UGT y Fecoma-CCOO ya han planteado más de una vez por razones de salud laboral, debido a la existencia de un grupo no pequeño de trabajadores en el sector que están expuestos a condiciones especialmente peligrosas, tóxicas o penosas, pero que ahora se plantea desde una perspectiva puramente laboral.
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