Mariano Rajoy evitó ayer hablar de rescate. El Gobierno acaba de poner en marcha un plan adicional para ahorrar 65.000 millones de aquí a 2014. Sin embargo, podría no ser el último quiera o no, según apuntan distintos analistas. El BCE aboca al país a pedir ayuda formalmente, la condición para comprar deuda soberana.
El único camino para ello es que los estados pidan el rescate al fondo temporal de la UE (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera). Este socorro implica nuevas medidas, a las ya adoptadas, que tendrían que ser negociadas entre ambas partes en un Memorándum de Entendimiento, similar al pactado para la línea de crédito destinada a la banca española por un importe máximo de 100.000 millones.
Expertos consultados por este periódico advierten de que la intervención del BCE, por tanto, abocaría al Gobierno a endurecer su política de ajuste, que tendría que ser similar a la implantada en otros países, como Irlanda o Portugal. Se trataría, sostienen, de un rescate en toda regla, cuyas condiciones, sin embargo, nunca alcanzarían los niveles exigidos a Grecia.
¿En qué se traduciría? El margen de maniobra es limitado después de todas las decisiones adoptadas y previstas para los próximos meses. Tanto los analistas como el FMI destacan el esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero aún hay iniciativas que se pueden tomar.
Ajuste de empleo público
La más dolorosa de todas sería el recorte de empleos públicos. Irlanda se ha comprometido a reducir en 25.000 el número de trabajadores del Estado. Más agresiva ha sido la tijera en Portugal, donde la cuarta parte, 150.000, tendrán que ser eliminados.
En España, según distintos economistas, la tijera para el personal público podría alcanzar los 900.000, que es el número de trabajadores que sobrarían en el sector público, un tercio del total. El presidente de la CEOE ha sugerido en alguna ocasión esta cifra, que corresponde a las duplicidades existentes entre las distintas Administraciones por el traspaso de competencias.
En los últimos años los funcionarios y trabajadores públicos han soportado distintas medidas encaminadas al control del gasto para disminuir el déficit, como la bajada media del 5% en los salarios o la próxima supresión de la extra de Navidad.
En Irlanda la bajada de salarios para el personal de la Administración ha alcanzado ya el 15%. En Portugal asciende al 20% y buena parte se ha quedado sin las dos pagas extraordinarias.
Impuestos
El abanico en esta partida es más amplio. A pesar de los incrementos del IRPF a principios de año o del IVA a partir de septiembre, las tasas podrían seguir subiendo. Por ejemplo, en Irlanda este último se situará en el 23% en 2014. Las medidas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros han colocado este impuesto indirecto en el 21%. Los expertos destacan que podrían modificar para determinados productos, al margen de los ya retocados, el IVA reducido o el súper reducido.
En Portugal, por ejemplo, se les obligó a cargar algunos servicios básicos, como la luz y el gas natural, del 6 al 23 por ciento.
En materia impositiva España ha tomado distintas medidas, además de elevar el IVA. Una de las más destacables es la eliminación de la deducción por compra de vivienda a partir del próximo ejercicio. Además ha encarecido en un 50% el IBI para determinados inmuebles o incrementado el gravamen sobre las rentas del ahorro.
Pensiones
Todos los gobiernos se resisten a bajar las pensiones por su impopularidad. Las condiciones que podría imponer Europa a cambio de un rescate sería ésta. La intervención, que no rescate suave, ha supuesto para Portugal e Irlanda un recorte para las jubilaciones. En el primero, el Estado se queda con la mitad de la paga de Navidad por encima de los 485 euros, además de que están congeladas, mientras que en el segundo, hay una reducción progresiva a partir de los 12.000 euros al año.
El Gobierno de Zapatero ya congeló las pensiones en 2011, pero Rajoy decidió, nada más llegar a la Moncloa, aplicar una subida del 1%.
Subsidio de paro
Otro tabú para cualquier Gobierno es el recorte de la prestación por desempleo, máxime en un país donde el paro roza el 25% de la población activa, como es España.
El Gobierno ya ha reducido su cuantía a partir del sexto mes y un recorte de mayor calado, por ejemplo, reduciendo drásticamente su duración, provocaría una movilización social y una oposición política tal que a no ser de que esta medida fuera impuesta desde fuera no se aplicaría. Las condiciones de la intervención obligaron a Portugal a reducir la duración de la prestación en un 50%.
Otras medidas
Una variedad de medidas estarían también sobre la mesa en caso de un rescate, como un endurecimiento del copago sanitario, la puesta en marcha de nuevas tasas impositivas, el cierre de televisiones públicas, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral para abaratar el despido y flexibilizar más el mercado de trabajo, etc.
Las condiciones dependerán de la capacidad de negociación del Gobierno con las autoridades europeas y, principalmente, con la canciller Angela Merkel.
Las consecuencias de la ayuda a la banca aliviarán el impacto de las nuevas decisiones que tendría que adoptar Rajoy para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit para los próximos años. Las reglas del fondo de rescate temporal son claras. El desfase en la cuentas públicas se tiene que bajar. En España, al 6,3% del PIB este año, y al 4% en el próximo ejercicio.
Así fue el encuentro entre Rajoy y Monti
