Después de cuatro meses de reuniones constantes entre patronal y sindicatos, los actores sociales han dado por rotas las negociaciones sobre la reforma colectiva. La ruputura del diálogo llega tras lo que los sindicatos y el Gobierno han considerado un endurecimiento de las exigencias de la CEOE respecto a los términos que tenían casi acordados el pasado lunes, principalmente en lo referente a vigencia de los convenios y flexibilidad interna. ¿Cómo han transcurrido las negociaciones y cuáles han sido lo principales escollos para que la negociación haya caído en saco roto? Las reformas pendientes en la negociación colectiva: las claves de la negociación.
El pasado jueves, los agentes sociales se levantaron de la mesa con un acuerdo casi sellado. Pero el lunes todo se torció, tras lo que los sindicatos tildaron de giro de la CEOE.
Los principales puntos de fricción estaban en los cambios que se podían acometer en las condiciones laborales de los trabajadores en tiempos de crisis en lo que respecta a jornada, movilidad y funciones, en la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o viceversa y en la conveniencia o no de prorrogar automáticamente los convenios expirados.
Los empresarios habían remitido esta mañana a las centrales sindicales una nueva propuesta. Un documento más light que el defendido por la patronal madrileña CEIM y que incluía medidas como la supresión de la ultraactividad de los convenios (la prórroga automática de los convenios colectivos expirados), la eliminación del derecho a huelga de los trabajadores en momentos de negociación o el contrato único de 20 días por año trabajado.
Turno del Gobierno
El Gobierno había dado como plazo inicial el 19 de marzo para que los interlocutores sociales presentaran un acuerdo consensuado, y tras prorrogar varias veces ya esa fecha límite, a falta de un acuerdo, aprobará un texto de forma unilateral.
De esta forma, el Ejecutivo tomará el testigo y, tal y como ha declarado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobará su propia reforma en el Consejo de Ministros del próximo 10 de junio.
España ha prometido a sus socios europeos esta reforma considerada clave para la dinamización del mercado de trabajo en un país con una tasa de desempleo superior al 21% -el doble que la Unión Europea- y casi 5 millones de desempleados, en un momento en el que los mercados observan con desconfianza a los países periféricos de la Eurozona y piden reformas estructurales de sus economías.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha indicado en reiteradas ocasiones que el Gobierno tomará como punto de partida para su reforma los puntos de encuentro constatados entre las partes y ha dejado claro que tratará de buscar un "equilibrio" entre flexibilidad interna en las empresas y la protección de los derechos de los trabajadores.
Así, el Gobierno apuesta por acudir a mecanismos de arbitraje en caso de conflicto y ha avanzado que la nueva normativa no contemplará el decaimiento de los convenios colectivos cuando no haya acuerdo para su renovación.
Toxo y los 15 minutos para cerrar el acuerdo
