El giro radical de la cúpula de CEOE, que amenaza con impedir el acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva, tiene un responsable ajeno a los agentes sociales. Ésa es la opinión que transmitían ayer destacados empresarios, con representación en los órganos de gobierno de la patronal, y la práctica totalidad de los dirigentes sindicales.
Y, todos ellos, señalaban en la misma dirección: el PP de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
"El Partido Popular ha trasladado a CEOE las diferencias estratégicas entre Rajoy y Aguirre", afirmaba un miembro de la Junta Directiva de la patronal, mientras que uno de sus homólogos en la UGT era aún más contundente al asegurar que "Esperanza Aguirre quiere instrumentalizar a CEOE, a través de CEIM".
Y es que para nadie ha pasado desapercibido que ha sido la patronal madrileña la que ha liderado la contestación contra el principio de acuerdo negociado por el presidente Juan Rosell. Que el presidente de CEIM, Arturo Fernández, es un hombre muy próximo a la presidenta madrileña. Y que ha sido también CEIM quien el martes, justo el día previo a la celebración de la Junta Directiva de la organización empresarial, presentó su Propuesta sobre la Reforma de la Negociación Colectiva, que ha sido calificada como un "documento de máximos", incluso desde el estamento empresarial.
Las propuestas
La propuesta de CEIM recoge, entre otras medidas, el límite de la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios a un máximo de seis u ocho meses. Eliminando la posibilidad de un acuerdo entre las partes, que era uno de los puntos más polémicos de la negociación.
La patronal madrileña plantea también que los empresarios puedan modificar los convenios firmados por ellos sin ninguna negociación ni control por parte de los trabajadores. Y, en materia de contratación, propone "un único modelo de contrato laboral estable, con indemnización tasada en 20 días por año de servicio y un máximo de una anualidad, sea la extinción por causa económica o disciplinaria declarada improcedente".
Pide también que se amplíe el contrato temporal de fomento del empleo por espacio de dos años con una retribución igual al salario mínimo interprofesional (SMI), poco más de 640 euros. En el capítulo del absentismo, CEIM quiere que la Seguridad Social pague todos los gastos por incapacidad temporal, liberando de este coste a las empresas.
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Negociación colectiva: Las condiciones de la CEOE 
