Madrid, 13 sep (EFECOM).- El Pleno del Congreso aprobó hoy, por amplia mayoría, el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social que mejora las prestaciones por jubilación y las pensiones de los colectivos más débiles.
El proyecto de ley, que será enviado al Senado, incluye la reducción de la edad de jubilación en personas con discapacidad, el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la mejora en la pensión para los prejubilados antes de enero de 2002, la consideración del periodo del servicio militar como tiempo cotizado o la ampliación del concepto de familia numerosa.
También contempla, entre otros aspectos, que se aumente hasta los 15 años el periodo exigido para percibir una pensión de jubilación o el incentivo para quienes, de forma voluntaria, alarguen su vida laboral a partir de los 65 años.
El texto se aprobó con la abstención de PNV, ERC e IU y ha incluido dos enmiendas transaccionales, según confirmó a Efe la diputada socialista Isabel López i Chamosa.
Una de las enmiendas es de IU-ICV referente a la incorporación de los becarios de investigación al régimen de la Seguridad Social y otra, de ERC, sobre la actualización de las prestaciones familiares no contributivas con el IPC.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, destacó el consenso, la responsabilidad y la solidaridad, que caracterizan el proyecto y afirmó que sigue las pautas del Pacto de Toledo y los principios de sostenibilidad, solidaridad y contributividad.
El diputado del PP, José Ignacio Echániz, consideró que se trata de una ley "de mínimos, sin compromisos a largo plazo" y, entre otras cosas, criticó que la norma "intenta eliminar" el derecho a la pensión vitalicia de viudedad y cambiarla por una de carácter temporal, con tratamiento de renta de sustitución.
En opinión de Echániz, el Gobierno "ha generado un gran lío" con la jubilación de los funcionarios, el tratamiento fiscal y las viudas "no han visto satisfechas sus expectativas".
La portavoz de IU-ICV, Isaura Navarro, dijo que con el crecimiento económico sostenido durante trece años, se hubiera podido dar el "salto cualitativo" para abordar mejor los gastos sociales y las pensiones, ya que en España, el gasto por habitante y año es de 1.000 euros menos que en la Europa de los quince y pidió "subidas selectivas" que refuercen el aspecto distributivo de la Seguridad Social.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, dijo que cualquier política progresista debe encarar el sistema de pensiones a medio plazo y esta reforma "avanza en esa dirección", al tiempo que valoró la incorporación del periodo de "mili" para el cálculo de la pensión en los casos de jubilación anticipada y la mejora de las pensiones a discapacitados.
Joan Tardá, de ERC, reprochó al Gobierno no haber aceptado su propuesta de equiparar las pensiones no contributivas al IPREM mediante ejecuciones progresivas durante cinco años y calificó el proyecto de "poco ambicioso".
Para Tardá, las pensiones por incapacidad serán "mayores o menores según el tiempo cotizado" y partir de ahora "se requerirán quince años y no los trece actuales para acceder a la jubilación".
Emilio Olabarría, del PNV, se refirió a los aspectos "regresivos" del proyecto, especialmente los de naturaleza "competencial" pues no se confieren competencias de pensiones y gestión al País Vasco, y al "endurecimiento" de las condiciones de acceso a la Seguridad Social en el caso de incapacidad, prejubilación o viudedad.
También Begoña Lasagabaster, de EA, coincidió en afirmar que en el proyecto faltan elementos en materia competencial "no admisibles", mientras que María Olaia Fernández, del BNG, consideró que el proyecto "restringe" las prestaciones por jubilación al fijar un excesivo periodo de cotización.
La diputada socialista Isabel López i Chamosa dijo que la reforma está en el "punto adecuado" entre la mejora de las prestaciones y la garantía del futuro de las pensiones. EFECOM
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