Madrid, 14 jun (EFECOM).- El Pleno del Congreso aprobó hoy la reforma de las leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos que trasponen las directivas europeas sobre estas materias y establecen la eliminación de las tarifas reguladas para el gas en 2008 y para la electricidad un año después.
La Cámara respaldó todas las enmiendas introducidas durante su tramitación en el Senado, excepto una a la Ley de Hidrocarburos del Grupo Popular, que proponía eliminar la prioridad de las empresas distribuidoras de gas para adjudicarse la construcción de nuevas instalaciones de distribución en las zonas en las que operan.
Durante el debate, el diputado del PP Fernando Vicente Castelló defendió que la existencia de más compañías distribuidoras fomentaría la competencia en el sector, mientras que el socialista Luis Tomás García argumentó que una medida así sólo contribuiría a duplicar las redes e incrementar el precio del gas.
Las nuevas normativas ya fueron votadas en la Comisión de Industria del Congreso el pasado 14 de marzo por el procedimiento de competencia legislativa plena, donde recibieron un amplio respaldo.
La Ley de Electricidad logró el apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV y la oposición de IU y ERC, mientras que la nueva norma de Hidrocarburos fue respaldada por el PSOE, el PP y CiU y rechazada por IU, ERC y PNV.
De forma más general, Castelló mostró hoy su apoyo a los textos y declaró que confía en que sean "el principio del consenso energético en España".
Tomás señaló que la nueva normativa profundiza en la liberalización de los mercados de gas y electricidad y destacó que redundará en una disminución de los precios y una mejor calidad en el suministro energético.
Jordi Ramón (ERC) reiteró que las dos leyes distan mucho de los planteamientos de su grupo, aunque indicó que algunas enmiendas del Senado "mejoran" los proyectos.
Jose Ramón Beloki, del Grupo Vasco (PNV), se mostró crítico con los textos por las restricciones que introducen las competencias autonómicas y la "arbitrariedad" utilizada para rechazar determinadas propuestas hechas desde su grupo, mientras que IU-ICV, a través de su portavoz, Joan Herrera, hizo hincapié en la ausencia de elementos suficientes sobre gestión de la demanda, ahorro y eficiencia energética.
Por último Luis Mardones, de CC, ofreció su apoyo y calificó ambas leyes de "acertadas y convenientes".
La reforma supone la adaptación de las directivas comunitarias sobre los mercados interiores de la electricidad y el gas natural al ordenamiento jurídico español y establece la eliminación de tarifas reguladas del gas en 2008 y de la electricidad en 2009, aunque los consumidores domésticos podrán acogerse a las denominadas tarifas de último recurso.
En electricidad, desde el 1 de enero de 2010, únicamente los suministros en baja tensión tendrán la posibilidad de elegir entre tarifa y mercado libre y, a partir de la misma fecha de 2011, sólo los que tengan contratada una potencia inferior a 50 kilovatios.
Las tarifas reguladas de gas desaparecerán el 1 de enero de 2008. A partir de esa fecha todos los usuarios que consuman más de 3 gigavatios deberán pasar al mercado liberalizado, límite que quedará reducido a 1 gigavatio en 2010.
Para facilitar el cambio de proveedor, ambos textos crean la Oficina de Cambios de Suministrador, entidad participada por las empresas distribuidoras de gas y electricidad (15 por ciento como máximo cada categoría) y comercializadoras (35 por ciento cada categoría).
En Hidrocarburos se refuerza la independencia del transportista del sistema gasista, Enagás, al limitar al 1 por ciento los derechos políticos de sus accionistas que operan en el sector, precepto que únicamente afecta a Gas Natural.
Las participaciones de los accionistas que tienen actividades en el sector gasista no podrán superar en conjunto el 40 por ciento.
Actualmente, la Ley restringe al 5 por ciento las participaciones (limitación que continuará igual), y los derechos políticos, al 3 por ciento.
La ley también incluye la obligación de que las gasolinas y gasóleos contengan un porcentaje mínimo de biocarburantes a partir de 2009, aunque permite al Gobierno modificar los objetivos fijados o establecer otros adicionales.
Según el texto, las gasolinas y gasóleos de transporte deberán contener un 1,9 por ciento de biocarburantes en 2008, un 3,4 por ciento en 2009 y un 5,83 por ciento en 2010.
El objetivo marcado para 2008 tendrá carácter indicativo, mientras que las proporciones para 2009 y 2010 serán obligatorias. EFECOM
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