Alicante, 11 sep (EFECOM).- El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, asumirá la acusación pública en el juicio oral por la suspensión de pagos y posterior quiebra fraudulenta, en el año 1999, de la Caja de Crédito de Alcoy (Alicante), que está previsto que se celebre de 22 de enero al 14 de febrero en la Audiencia.
La Fiscalía decidió hoy qué fiscales representarán a la acusación pública en los dos principales juicios que se celebrarán en el nuevo curso judicial: el de la Caja de Crédito de Alcoy y el de los vertidos de lodos del río Segura en el año 1998.
En ambos casos, informaron fuentes del Ministerio público, los fiscales que calificaron esos casos no se encuentran ya en Alicante, por lo que se ha tenido que designar a dos nuevos para dirigir la acusación pública.
En el caso de la Caja de Crédito de Alcoy, que sentará en el banquillo a 10 acusados y en el que declararán 37 testigos y 5 peritos, el fiscal jefe de la Audiencia asumirá la representación de la acusación pública, mientras que en el caso de los vertidos de lodos del río Segura, que se celebrará en octubre, lo hará Juan Carlos Carranza, fiscal de Medio Ambiente.
Fuentes judiciales indicaron que el juicio por la Caja de Crédito de Alcoy comenzará el 22 de enero con las cuestiones previas, seguirá el 23 con el interrogatorio de los 10 acusados y a partir del 24 declararán los 37 testigos.
Los días 6 y 7 de febrero se celebrarán las pruebas periciales y los días 12, 13 y 14 se leerán las conclusiones y los informes.
Los acusados son el director general, la subdirectora general, siete miembros del Consejo Rector y el director de la única oficina de la caja. El fiscal pide para cada uno de ellos una pena de 6 años de prisión, así como una multa de 360.000 euros por un delito de insolvencia punible.
Asimismo, en su escrito de acusación pide que los imputados indemnicen, conjunta y solidariamente, "a la masa de acreedores de la entidad quebrada" con 2.645.911 euros, cifra que resulta de restar a los 3.770.828 euros de morosidad de la caja la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración.
Los hechos sucedieron hace catorce años, en junio de 1993, cuando la Caja de Créditos anunció la suspensión de pagos, que se hizo efectiva un año después.
En 1995 se declaró la quiebra y tres años después el juzgado de primera instancia número 2 de Alcoy la calificó como fraudulenta, algo que confirmó la sección quinta de la Audiencia en 1999.
Según la calificación del fiscal, la bancarrota de la caja "se debió a la actuación" directa del director y de la subdirectora de la entidad, que tenían "amplios poderes de gestión y representación", y de dos de los miembros del Consejo Rector y el director de la única oficina, que "no pusieron objeción alguna" a las operaciones que "entrañaban un altísimo grado de morosidad" y que llevaron a la quiebra, "con el menoscabo originado a más de 1.500 personas, que habían confiado sus ahorros a la entidad". EFECOM
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