MADRID, 29 (EUROPS PRESS)
El Defensor del Pueblo ha aconsejado que sea el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los organismos que regulen a las empresas que comercializan bienes tangibles en sustitución de la Administración de consumo como sucede actualmente y como establece la nueva Ley de Tangibles, que se encuentra pendiente de ser aprobada.
Así lo indica Enrique Múgica en su Informe Anual 2006 remitido al Congreso, donde considera "lógico" que la protección adecuada a la naturaleza de la inversión y los contratos, "haga aconsejable la intervención de las autoridades monetarias y financieras, y no de las de consumo".
Múgica recorda la "deficiente regulación" que se puso manifiesto a raíz de la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa y solicita al Gobierno la búsqueda de soluciones para los actuales afectados, teniendo en cuenta que la intervención de los poderes públicos de control "hubiera podido disuadir a muchos inversores".
El Defensor del Pueblo matiza en sus recomendaciones que los contratos suscritos por las empresas filatélicas se configuraron "indubitadamente como productos financieros, lo que presupone la existencia de un mercado regulado y tutelado", y considera que las diferentes administraciones actuaron de forma "tardía" en la intervención o información sobre el riesgo que representaban estas sociedades para los inversores.
Por último, Múgica advirte de que tanto la CNMV como el Banco de España no han nombrado aún al Comisionado para la Defensa del Inversor, tal y como dispuso una Ley aprobada en 2002. Con el modelo actual, ninguno de los dos organismos consigue "ejercer la protección del consumidor", ya que "prefieren centrar" sus actuaciones exclusivamente en la supervisión de los mercados financieros.
Relacionados
- Respuesta a unas declaraciones de ConsumoEn respuesta a las declaraciones efectuadas por el subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig, sobre el caso Atrio y los afectados, queremos decir que en absoluto consideramos que el Estado esté ejerciendo un acto de solidaridad con los afectados, ya que los famosos 2.000.000 de euros no han ido a parar a los afectados para su defensa jurídica. Han ido a asociaciones de consumidores que no han dudado además en pasar a sus asociados la minuta. Este dinero no ha sido perdido por el Estado sino al contrario. ¿Cuánto puede ahorrarse el Estado si estas asociaciones no presentan la demanda de responsabilidad patrimonial? ¿Solidaridad o buena inversión? En relación con los créditos ICO, nos parece vergonzoso que esperen la tarde antes de la manifestación convocada por CEAFA para hacer este anuncio de precampaña electoral. El señor Puig dice que el Estado no ha incurrido en ninguna negligencia, pero será la Justicia la que lo decida. Y si todo estaba tan bien regulado, no entiendo que presentaran un anteproyecto de regulación de bienes tangibles. Y para garantizar que las empresas cumplan con la ley el Estado tiene ministerios y organismos que fueron incapaces de "ver" absolutamente nada. Eso sí es un ejercicio de solidaridad y no los 2.000.000 de euros. Y esto no es lo peor: ¿serán estas las últimas Fórum y Afinsa? ¿A cuántos españoles veremos llorar la próxima vez que el Estado sea incapaz de velar para que se cumpla la ley?e-movilizate afectados filatélicoscorreo electrónicoSuspensión de unas acciones en bolsa Tengo 45.500 acciones de A-Parmalat Finanziara Eur, compradas en el año 2003 en la Bolsa de Milán. La cotización de estos títulos se suspendió, sin que yo haya podido hasta ahora recuperar algo del capital invertido en esos títulos ni operar con ellos. Me pregunto en qué situación estarán dichas acciones, y a dónde podría dirigirme para poder ejercer cualquier tipo de acción a la que tenga derecho. fran
- Senado aprueba moción para regular empresas bienes tangibles como financieras
- Consejo Consumidores advierte empresas bienes tangibles competen a Economía
- Estafa Filatélica.- Sanidad da un plazo de diez días para alegar el Anteproyecto de Ley de empresas de Bienes Tangibles
- Congreso rechaza crear un fondo de garantía para empresas de bienes tangibles