Madrid, 19 feb (EFECOM).- El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dijo que Gobierno y sindicatos se han comprometido a crear una Mesa Sectorial para intentar ponerse de acuerdo antes del verano sobre la regulación contractual básica que afecta a los españoles que trabajan con contrato en el exterior.
Este fue uno de los puntos que, con especial hincapié, trató hoy el ministro con representantes de los sindicatos de la función pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF, con los que firmó en septiembre 2004 un acuerdo de diálogo social.
Sevilla explicó que los españoles que trabajan en las representaciones diplomáticas del exterior a veces tienen situaciones "complejas" y llevan años pidiendo una normalización y homogeneización de las normas que regulen sus condiciones contractuales.
El ministro señaló que después de la aprobación del Estatuto de Empleado Público que está en el Senado, "era un buen momento para hacer balance de lo hecho y lo que queda por hacer", balance que calificó como "bastante positivo por parte de todos".
No obstante, anunció que el año que queda de legislatura va a ser muy intenso de trabajo, diálogo, negociación, avance y modernización de la Administración Pública Española.
Los otros temas que se han tratado específicamente hoy han sido los referentes a la evaluación del desempeño de los funcionarios, a la regulación de la función directiva y la puesta en marcha de la jubilación flexible, parcial y anticipada "que el estatuto básico permite, pero que hay que concretar en el caso de la Administración General del Estado".
Uno de estos temas, dijo Sevilla en referencia a las jubilaciones, se verá impulsado por la nueva ley de seguridad que el gobierno aprobó el viernes pasado, por el que se alteran algunas condiciones que la Seguridad Social establecía para la jubilación y la prórroga en el trabajo más allá de los 65 años.
Según el ministro, es necesario ver cómo afecta esto al régimen de clases pasivas, es decir, de aquellos funcionarios cuya jubilación no depende de la Seguridad Social, sino de los propios presupuestos generales del Estado.
"Vamos a marcar hitos en lo que son avances, democratización, consolidación de derechos sindicales, modernización de la administración y mejora de las condiciones de los empleados para mejorar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos", añadió.
Con respecto a la temporalidad, Sevilla afirmó que el Gobierno tiene compromiso de reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, que queda globalmente incorporado en el Estatuto básico del empleado público donde se introducen normas que obligan a reducir la temporalidad y que las administraciones públicas convoquen plazas para trabajadores interinos.
En este sentido se refirió al sector de la enseñanza, donde recordó que el Gobierno acaba de aprobar unos reglamentos que obligarán a que los puestos interinos sean convocados y pasen a hacerse estables.
En la reunión de hoy, Gobierno y sindicatos han hablado de cómo poner en marcha a partir de ahora la elaboración del Estatuto de la Administración General del Estado ya que en dos o tres meses el parlamento aprobará el estatuto básico del empleado público, que se aplicará a todas las administraciones y a partir de ahí cada administración hará su regulación específica.
Sevilla manifestó que el estatuto básico marca muchos acuerdos de lo que será el Estatuto de la Administración General del Estado pero "queda mucho por concretar para convertir la Administración que tenemos en la que queremos".
Para ello, además de lo planteado hoy, los sindicatos harán llegar sus propuestas en los próximos días y en torno a la primera semana de marzo se elaborará un calendario de prioridades.
Con respecto al personal contratado en el exterior, fuentes sindicales confirmaron que hay unos 7.000 españoles para los que se pide que se aplique la legislación española, y entre 1.000 y 2.000 trabajadores extranjeros, para quienes se reivindican los derechos fundamentales mínimos y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según estas fuentes, hoy se podría haber cerrado este tema, pero "parece ser que ha habido problemas de presupuestos con el Ministerio de Hacienda", por lo que el personal del exterior continuará mañana con su tercera jornada de huelga.
También confirmaron que en 2007, sólo habrá jubilación anticipada para los bomberos y que los criterios para evaluar a los funcionarios van a ser consensuados con los sindicatos, aunque la última palabra la tenga el Gobierno. EFECOM
lgp/pam
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