El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral máxima desde las 40 horas a la semana actuales a 37,5 horas. Fuentes parlamentarias confirman a elEconomista.es que los grupos que integran la Cámara Baja tendrán que pronunciarse la próxima semana sobre las enmiendas a la totalidad que presentaron Junts, PP y Vox en el mes de junio y que amenazan con tumbar la iniciativa que recoge el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT -que no contó con la firma de las patronales CEOE y Cepyme, que se oponen a esta imposición legal-.
El departamento que encabeza Yolanda Díaz traslada que es un debate "que no admite más aplazamientos", puesto que la intención original de la cartera era someter el texto a esta primera votación en el mes de julio pero finalmente optaron por extender los tiempos con la esperanza de poder cerrar un acuerdo con Junts. La formación catalana está en el punto de mira de esta negociación, por ser clave para inclinar la balanza a favor de la medida y por su estrecha relación con el empresariado catalán, al que en diferentes reuniones privadas le ha trasladado su intención de oponerse a esta reforma de la normativa laboral tal y como está planteada. El grupo, además, mantiene sobre la mesa su enmienda a la totalidad y solo tendría algunos días para retirarla.
El diario El País ha adelantado la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados en la reunión de este martes con los votos de PP, Vox y UPN unas horas antes de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont se citen en Bruselas precisamente para abordar, entre otros temas, su posición sobre esta iniciativa legislativa. En el mes de julio fuentes de la formación independentista atribuyeron exclusivamente al Gobierno la decisión de posponer el debate e incidieron en que mantenían su posición inicial y su enmienda. Un gesto que fue agradecido por los empresarios de Foment del Treball con una publicación en X (antes Twitter).
En contra, desde el departamento de Trabajo se mostraron optimistas sobre las posibilidades de celebrar este debate "en cuestión de semanas" cuando se retomase la actividad parlamentaria. El Ejecutivo transmitió entonces que los trabajos con este grupo estaban muy avanzados y que en los últimos meses se había profundizado en las exigencias de los catalanes para dar su voto a favor. No obstante, la formación enfriaba este optimismo y recordaba su preocupación por el impacto que tendría en las pymes y su encaje con otros problemas del mercado laboral como el absentismo o el escaso avance de la productividad.
"El Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario" responde ahora el departamento de Trabajo, que confía en poder salvar el debate a la totalidad. Si los catalanes mantienen su posición actual el texto sería devuelto al Consejo de Ministros, de donde salió en el mes de mayo. El Gobierno tendría así la posibilidad de reformar la iniciativa para incluir estas demandas y que llegue a la Cámara Baja con el terreno allanado, si bien, para entonces ya se habrían incumplido los plazos recogidos en el acuerdo de coalición con el PSOE y lo prometido a los representantes de los trabajadores, su aplicación a partir del 31 de diciembre.