Barcelona
El nuevo curso político ha traído consigo una cita inesperada: la reunión que se celebrará este martes en Bruselas entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el expresident y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Pese a que desde la Generalitat se ha presentado el cónclave como un mero encuentro institucional en aras del "diálogo", la entrevista entre ambos dirigentes coincide con la intensificación de las negociaciones entre el Gobierno y la formación independentista para intentar desbloquear tanto un acuerdo presupuestario para 2026 como la reducción de la jornada laboral, esta última una medida ansiada por el ala izquierdista del Ejecutivo. Dos asuntos en los que hasta ahora Junts se ha mostrado frío, sino radicalmente en contra como con la reducción horaria.
La reunión en Bélgica, además, coincide con la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para aplicar una quita parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, en el caso catalán, aliviará las arcas públicas en 17.000 millones de euros. O, en términos de deuda por habitante, en 2.284,4 euros para cada residente en Cataluña. Otra de las concesiones del Gobierno al nacionalismo catalán, en este caso a ERC.
En este contexto, el viaje bruselense de Illa responde más bien a una toma de temperatura sobre la voluntad negociadora de los juntaires sobre todo en el Congreso de los Diputados y, en segunda instancia, en el Parlament. Tras su toma de posesión en agosto de 2024, Illa se vio con todos sus predecesores en el cargo —exceptuando a Pasqual Maragall, dada su avanzada enfermedad—, pero a lo largo de su primer año de mandato el dirigente socialista no ha hecho ningún esfuerzo por acercarse al político independentista, que abandonó España en 2017 para evadirse de la acción de la justicia. Las relaciones PSC-Junts en el hemiciclo catalán no pasan por buenos momentos. Los posconvergentes no han apoyado al gobierno de Illa en ninguna de sus grandes propuestas y han sido especialmente duros respecto a la política económica y la gestión de carpetas como Rodalies y la financiación autonómica. Aun cuando la patronal catalana desearía que socialistas y juntaires levantasen puentes de entendimiento, las posiciones hoy están muy alejadas.
Así, el movimiento de Illa no se entiende en clave catalana sino española. Hay que tener en cuenta que el president se ha convertido en uno de los principales baluartes de Pedro Sánchez, que esgrime la "normalización política de Cataluña" —así denomina el socialismo la política de seguridad institucional y jurídica desplegada en la región— como un triunfo de su agenda política. Este verano, Illa pasó unos días con Sánchez en La Mareta (Lanzarote), mostrando en público su estrecha relación personal.
Sin orden del día
La Generalitat no ha compartido el orden del día de la reunión ni ha aclarado si se celebrará una rueda de prensa a su término. Con todo, la posibilidad de un acuerdo material es remota. El encuentro se llevará a cabo en la delegación del Govern ante la Unión Europea, no así en la propiedad donde se aloja Puigdemont en Waterloo. Fue allí, en la llamada Casa de la República, donde en octubre de 2023 el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se entrevistó con el político independentista para negociar la investidura de Sánchez.
También hasta esa mansión se desplazó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para obtener de los posconvergentes su respaldo a las 37,5 horas. No lo logró. Quien por ahora no se ha sometido a este tratamiento, aunque sea el deseo expreso de Junts, ha sido Sánchez, pese a que el respaldo de los independentistas es clave para apuntalar la legislatura.
'Junts' desprecia a Illa
Desde Junts se puntualizó ayer que la cita de este martes se ha programado en la agenda por deseo expreso de Illa. Además, se restó validez al dirigente socialista como interlocutor. "Si alguna experiencia tenemos es que el presidente Illa es un obediente sin ningún criterio propio", declaró el secretario general de Junts, Jordi Turull. A las puertas de la Diada, el partido exhibe firmeza y reprocha al Gobierno la inaplicación total de la amnistía, así como otras políticas del gusto de su electorado, como la posibilidad de usar el catalán en las instituciones europeas.
Por otro lado, en la última negociación presupuestaria la formación catalana planteó una exigencia que, hasta la fecha, no ha sido retirada: el pago de 50.000 millones por parte del Estado a la Generalitat en concepto de "deuda pendiente" en infraestructuras. Junts estableció esta premisa después de arrancar al PSOE un pacto sobre inmigración que tampoco se ha concretado.