Madrid 
El control horario señala que los trabajadores que realizan horas extra han crecido un 27,04% desde el año 2018 –un año antes de que entrara la medida–, pasando de 797.000 empleados a superar el millón en el segundo trimestre de 2025 (concretamente fueron 1.012.500 los asalariados que alargaron su jornada laboral), un incremento de 215.000 trabajadores en siete años, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A pesar de que desde 2018 el número de trabajadores que han realizado horas adicionales, en el segundo trimestre del ejercicio actual, los empleados que alargaron su jornada han disminuido un 2,13% con respecto a la última cifra de 2024. Concretamente, se ha reducido en 22.000 personas, pasando de 1.034.500 en el último trimestre de 2024 a 1.012.500 en el segundo de 2025.
A cierre de 2024, eran 1.034.500 los trabajadores que realizaban horas extra en España, de los que 389.600, el 37,6%, no estaban siendo remunerados por ese tiempo de trabajo adicional que realizaban a la semana, lo que supone una tasa ligeramente inferior a la que había en 2018 (42%). Por el contrario, 551.100 empleados que hacían horas extra en 2024, –el 53%–, sí percibían una compensación a cambio por esas labores extra, y un 7% solo a veces, frente al 52% que sí realizaban horas extra pagadas en 2018 y el 5% que solo percibía una remuneración en algunas ocasiones.
Caen las extras no pagadas
Desde el último trimestre del año 2018 –uno antes de que entrara en vigor la normativa que obligaba a las empresas a llevar un control efectivo de las horas trabajadas– y hasta el segundo trimestre de 2025, las horas extra realizadas a la semana por los trabajadores no pagadas han caído un 4,75%, pasando de 2.962.000 a 2.821.300, siendo la cifra de 2018 la más alta de los últimos siete años. Por consiguiente, el tiempo extra pagado ha crecido un 20,6%, pasando de 3.473.000 horas extra pagadas a 4.188.600.
Estos datos se enmarcan en un contexto en el que los trabajadores afiliados a la Seguridad Social han marcado récord en el mes de julio al superar los 21,86 millones de empleados ocupados y en el que los parados han registrado su menor cifra desde el año 2007, con 2,4 millones de personas, que se trata de la cifra más baja en 18 años. Se trata de séis meses consecutivos en los que España ha creado empleo y en el que se han reducido el número de personas en paro. Desde el pasado mes de febrero, el país ha sumado más de 500.000 cotizantes y en el que cerca de 150.000 personas han salido de las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Endurecen el registro de la jornada
En marzo del año 2019 fueron aprobadas, mediante Real Decreto Ley, una batería de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo entre las que se incluyeron, entre otros temas como el fomento del empleo entre colectivos sensibles, la obligación de llevar un control efectivo del horario de trabajo. Así, desde que entró en vigor la normativa, las empresas se han visto obligadas a registrar con detalle la hora de entrada y salida de cada empleado, algo con lo que se buscaba asegurar el respeto a los límites de la jornada, tanto en términos de horas máximas como de descansos, así como las condiciones establecidas en los contratos y convenios colectivos.
Debido a que el Gobierno ha detectado irregularidades en las jornadas laborales, tiene como objetivo endurecer el registro de la jornada y obligará a las empresas a dar acceso en remoto a la Inspección de Trabajo.
Todo ello se incluye, por ahora, en el Proyecto de Ley –que se negoció entre los sindicatos y el Gobierno y del que se descolgó la patronal– para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Por el momento, la normativa se encuentra bloqueada en el Congreso de los Diputados por la enmienda a la totalidad que presentó Junts, PP y Vox, y que por el momento, se niega a retirar. Se trata de una normativa que se esperaba que se votara antes de verano –la fecha que se había marcado en el calendario era el 22 de julio–, pero que se llevará finalmente cuando reanude el nuevo curso político.
Y es que, desde el Ejecutivo se aferran a negociar con los grupos el apoyo a la reducción de jornada, principalmente con Junts, que haría decantarse la balanza hacia un lado o hacia el otro, aunque con poco éxito hasta el momento.
A pesar de ello, y a la espera de que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana salga adelante, el Gobierno ya ha avisado de que, en caso de fracasar el intento para reducir la jornada, aprobará en solitario el nuevo registro de jornada con rango de real decreto, por lo que no tendría que pasar por el Parlamento.
Se trata de una fórmula que permite a Díaz introducir alguno de los puntos recogidos en el acuerdo con CCOO y UGT para mejorar la ley de 2019, pero no permite elevar las sanciones a 10.000 euros por trabajador como se pretenden hacer la norma de las 37,5 horas, puesto que el reglamento no puede modificar la Ley sobre Infracciones y Sanciones. Esto significa que si se opta por esta vía se mantendrá la imposición por empresa hasta un máximo de 7.500 euros, siempre que no suponga un riesgo para su salud.