El dinero que el Estado aporta a la Seguridad Social para que esta pueda cumplir con sus obligaciones es cada vez mayor. Hasta el mes de junio, las transferencias totales recibidas por el Ministerio dirigido por Elma Saiz suponían casi el 30% de los ingresos (un 27% en concreto). Es decir, las cotizaciones sociales solo cubrieron el 70% de los recursos del Departamento encargado de pagar las pensiones. Esta partida de gasto se lleva –según el presupuesto del Ministerio– el 88% del gasto total en el nivel contributivo de la Seguridad Social y el 55% en el no contributivo.
Teniendo en cuenta el dinero procedente del Estado –otras transferencias provienen de la propia Seguridad Social, comunidades autónomas y empresas privadas pero en conjunto solo suponen el 8% del total– estos envíos de dinero ya forman el 25% de los recursos. La proporción más elevada desde que existe registro. Estas transferencias son aportes de dinero procedentes de los Presupuestos Generales del Estado que se envían al sistema de Seguridad Social y que, por tanto, proceden de impuestos generales –no de cotizaciones–.
En comparación con el porcentaje dedicado en 2024 (es decir, cuánta parte de los ingresos vienen de estas transferencias), el envío de más presupuesto por parte del Estado ha crecido en 5 puntos porcentuales, y al contrastar la cifra con 2019 el porcentaje sube en 14 puntos porcentuales.
Así lo muestran los últimos datos disponibles del Ministerio de Seguridad Social, comprendidos en el documento de Resumen de Ejecución Presupuestaria, que llegan hasta el mes de junio. En concreto, en los primeros seis meses del año, el sistema ha necesitado 29.765,05 millones de euros en transferencias que proceden, exclusivamente, de la Administración Central.
Más gasto
Cabe destacar, sin embargo, que en uno de los últimos Consejos de Ministros, el Ejecutivo aprobó hasta cinco acuerdos para transferir a Seguridad Social 6.836 millones de euros extra. Una cuantía que, al haber sido aprobada en julio, todavía no ha sido incluida en el documento de ejecución presupuestaria y, por tanto, no forma parte de la proporción mencionada del 27% y que, probablemente, la incrementaría.
El objetivo de estos 6.836 millones extra aprobados en julio es cubrir el complemento de pensiones mínimas; las prestaciones de protección familiar; las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación, el Ingreso Mínimo Vital y otras aportaciones a las que obliga el Pacto de Toledo. En el sexto mes del año, el nivel no contributivo de la Seguridad Social había consumido un 57% de su presupuesto.
Por otro lado, la extensión de los permisos retribuidos para el cuidado al menor dirigidos a los trabajadores y aprobada en el último Consejo de Ministros antes de septiembre, también implicará un gasto no contemplado en el presupuesto. La cifra concreta, ofrecida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa del Consejo tras la aprobación de la medida, asciende hasta los 1.500 millones de euros y supera en un 40% al presupuesto que Seguridad Social destina actualmente a esta partida.
Separación de fuentes
La separación de fuentes de financiación es la primera recomendación del Pacto de Toledo de 2020, un consenso entre todos los partidos y que debe servir de base para las reformas del Gobierno. Según este texto, las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas; mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
En este sentido, defiende el documento, el hecho de que los ingresos por cotizaciones sociales se utilicen para financiar las ayudas no contributivas "explicaría en buena medida el déficit actualmente existente". Esta recomendación es, precisamente el argumento que, según ha detallado la ministra, Elma Saiz, en diferentes ocasiones, explica el aumento de este recurso en los últimos años.
De hecho, Saiz también ha defendido que, "los países de nuestro entorno" no financian las pensiones únicamente a través de cotizaciones, sino que también recurren a los impuestos. "De esta forma avanzamos en la progresiva homologación a los países de nuestro entorno, en los que la implicación del Estado en la financiación de las pensiones públicas sigue suponiendo un cuarto y un tercio, respectivamente, del gasto en Francia o Alemania", argumentaba Saiz en su última comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.
18.200 millones de euros en no contributivas
Para este 2025, el Ministerio de Seguridad Social cuenta con un presupuesto de 18.200 millones de euros para gastar en prestaciones no contributivas. Hasta ahora, según las últimas cifras disponibles –que llegan hasta el mes de junio– el Departamento de Saiz ha gastado un total de 10.376,13 millones de euros, un 57%.
En contraste –y como se ha mencionado anteriormente– Seguridad Social ha ingresado 29.765,05 millones de euros en conceptos de transferencias. Para este año, prevé recibir 38.688,51 millones, pero ya ha consumido el 77% de lo previsto.
Es decir, teniendo en cuenta lo gastado, el Ministerio habría dedicado solo el 34% de lo ingresado por transferencias a cubrir las prestaciones no contributivas –suponiendo que se destina el 100% de lo recaudado por este concepto a dichas ayudas–. Por otro lado, si se tiene en cuenta el dinero presupuestado –que luego puede ser incrementado a través de modificaciones aprobadas por el Consejo de Ministros–, esta misma proporción aumentaría hasta el 47%.