Los incrementos en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aplicados por el Ministerio de Trabajo han hecho que este vaya ganando peso de forma paulatina sobre el salario medio. De hecho, este es uno de los principales objetivos que ha perseguido el departamento de Yolanda Díaz con las subidas de los últimos ejercicios, en los que el umbral del 60% del salario medio neto ha operado como meta, y que ha tenido como resultado un avance que destaca en la comparativa internacional.
España es el segundo país de la Unión Europea que más ha hecho crecer su SMI respecto al salario medio desde el inicio del milenio. En concreto, este umbral había ganado 16,3 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2023, un crecimiento que solo supera Bulgaria (17,6 puntos porcentuales) y por el que el salario mínimo representa ya el 54% de la remuneración media, según los datos de Eurostat recogidos por el informe 'Minimum wages in 2025: Annual review' que publicó Eurofound recientemente.
La referencia que actúa como base para cualquier contrato de trabajo a jornada completa arrancó el siglo XXI en el 37,8% del salario medio (72.120 pesetas, el equivalente a 433,45 euros) y en 2023 se situó en 1.080 euros mensuales en 14 pagas, con lo se consolidó por encima de la mitad del salario medio, mientras Rumanía se situó en el 50%. Pese a que estos son los dos países en los que el SMI ha ganado más peso en términos porcentuales sobre el salario medio, no son en los que representa una proporción más elevada en términos comparados.
En Portugal el SMI supera ya el 56% de la remuneración media percibida por los trabajadores de ese país y en Eslovenia representa un 55,7% sobre el salario medio. Sin embargo, en las grandes economías como Alemania (48,4%), Francia (47,4%) o Países Bajos (45,3%) estaba todavía varios puntos por debajo de esta barrera del 50%. Si bien, son datos que cuentan con dos años de decalaje y este año, 21 de los 22 países comunitarios que cuentan con un salario mínimo, lo han actualizado.
Precisamente, 2023 fue el año en el que el equipo de Díaz dio por alcanzado el objetivo de igualar el SMI al 60% del salario medio, un porcentaje que no toca en el cuadro de Eurostat, ya que el Ejecutivo español decidió usar la remuneración en términos netos.
Esto ha dado lugar a discrepancias con los sindicatos, especialmente con UGT, que niega que este hito se pueda dar por amortizado y en cada una de las últimas negociaciones ha defendido que el SMI tendría que elevarse más para suponer ese porcentaje del salario medio. No obstante, el criterio del Gobierno (el salario medio neto) es el que emplea la Comisión de Expertos creada por Trabajo, por lo que es el que se ha tomado en cuenta para aplicar las últimas subidas del SMI.
El grupo integrado por académicos, representantes de los ministerios económicos y de los sindicatos argumentaba en las notas metodológicas de su último informe que emplear el salario medio bruto como referencia haría que el SMI representara un porcentaje muy superior al 60% del salario medio en términos netos, puesto que ambos umbrales salariales superan una carga fiscal totalmente diferente debido a que al mínimo solo se le descuentan las cuotas sociales, ya que está exento de pagar IRPF.
Directiva salarios mínimos
Actualmente, el Ministerio de Trabajo tiene abierta una mesa de negociación (que continuará su actividad en el mes de septiembre) en la que tratan de cerrar un acuerdo con los representantes de los sindicatos y los empresarios sobre el texto en el que pretenden transponer la Directiva de salarios mínimos en la que se insta a los países a tomar referencias como el 60% del salario medio, el 50% del salario mediano u otras como la que emplea España del salario neto.
No obstante, Trabajo ha vinculado la revisión normativa que tiene que llevar a cabo a raíz de esta norma europea con el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT antes de aplicar la subida del 4,4% en 2025 que llevó el SMI a 1.184 euros en 14 pagas. Una serie de puntos entre los que se encuentra la vinculación automática al 60%, que de aplicarse, se traduciría en que los ajustes anuales se harían de oficio. Además, está prevista la revisión de los complementos salariales y los empresarios creen que el objetivo es igualar el salario base a la referencia del SMI, para impactar en la mayoría de los convenios del país.
A la espera de la reducción de jornada
La vicepresidenta segunda del Gobierno avanzó en la última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que volverá a convocar al grupo de expertos del SMI tras el verano. La previsión es que el departamento de Trabajo vuelva a encargar un informe en el que se incluirá la recomendación de subida para el próximo ejercicio, de forma que el SMI se mantenga en el 60% del salario medio neto y mantenga el poder adquisitivo. No obstante, esta pauta de trabajo podría cambiar si se logra antes un acuerdo con los agentes sociales para la mencionada actualización automática del SMI.
Los empresarios descartan que puedan sumarse a un acuerdo al respecto, dado que entienden que se trata de una mesa que tiene origen en un pacto firmado con los sindicatos y del que ellos no formaron parte. CEOE y Cepyme creen que las actualizaciones del salario mínimo deberían venir dados por los criterios fijados en la normativa, como la productividad en lugar de establecer mecanismos automáticos que no atiendan al conjunto de la situación económica.
No obstante, las fuentes empresariales consultadas esperan que la responsable de Trabajo trate de concentrar la agenda pública en el nuevo incremento del SMI tras el verano, como consecuencia del bloqueo que está experimentando el Proyecto de Ley para reducir lajornada laboral a 37,5 horas a la semana. Después de un curso político en el que el cambio del tiempo máximo de trabajo ha centrado los esfuerzos de su departamento sin que esta haya llegado a término, las patronales esperan que se produzca un cierto cambio discursivo mientras no se produzcan avances en las negociaciones con Junts.
La formación de Carles Puigdemont mantiene abiertas las conversaciones con Sumar al respecto, no obstante, aseguran estar lejos del borrador aprobado por el Gobierno y su voto es fundamental para que pueda salir adelante. El SMI en cambio, es competencia exclusiva del Ejecutivo -previa consulta de los agentes sociales- por lo que este solo tendría que llevar la subida a una reunión del Consejo de Ministros para hacerla efectiva, sin tener que enfrentarse a la Cámara Baja.