Barcelona
Las cámaras de comercio vuelven a intentarlo. Las 13 corporaciones presentes en Cataluña han respaldado esta tarde el registro de una nueva propuesta de ley de cámaras en el Parlament, que inicia así su andadura en el hemiciclo con vistas a entrar en vigor en 2026. "Espero que en 2025 podamos acabar el año teniendo ya la ley, ojalá. Lo que queremos es que sea una ley que dure muchos años", ha aseverado el presidente del Consejo General de Cámaras de Cataluña y de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu.
No es para menos: se trata del enésimo intento para sacar adelante una regulación cameral a nivel autonómico. En principio, la ley catalana debería haberse materializado hace más de una década. Cuando en 2014 se aprobó una nueva ley básica de cámaras, que retiró el recurso cameral, se dio margen a las autonomías para complementarla con sus propias normativas. Todas lo hicieron, excepto Cataluña. La ley vigente en la comunidad data de 2002.
El empeño fracasó por distintas razones: primero por la desatención provocada por el procés, y luego por los estragos de la pandemia. Tampoco ayudó que patronales como Pimec vieran con recelo esta norma, temerosas de perder influencia en el tejido económico y de las atribuciones conferidas a las cámaras.
Máximo consenso
Ahora, el documento consensuado por las 13 cámaras quiere poner fin a este lapso de 10 años en que Cataluña no ha dispuesto de una regulación propia. Además, se espera que el nuevo texto brinde un paraguas jurídico a estas entidades durante un largo periodo de tiempo. "Teníamos una situación de vacío, una situación de carencia de definición y una cierta limitación. Para nosotros lo más importante hoy es que consolidemos el papel de las cámaras en el ámbito catalán", ha señalado Santacreu.
Registrada por PSC, Junts, ERC y PP, la ley deberá ser tramitada por la mesa, superar el debate a la totalidad del Parlament y pasar por la Comisión de Empresa y Trabajo. Será entonces cuando finalmente vaya al pleno del hemiciclo para ser votada y, si todo va según lo previsto, aprobada. En esta ocasión se ha recabado el máximo consenso político, así como de los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos. Incluso Pimec ve con buenos ojos la última propuesta de redactado.
Este "esfuerzo tan grande de consenso", en palabras de Santacreu, justifica una rápida tramitación. Las fuentes consultadas no esperan que haya sorpresas a lo largo del proceso parlamentario.
Financiación garantizada
El texto reconoce a las cámaras como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. También promueve la creación de planes camerales, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las empresas catalanas mediante la colaboración con las administraciones públicas.
En materia de financiación, Santacreu ha recordado que las cámaras recibían 52 millones de euros de los beneficios de las empresas antes de la crisis, un presupuesto que se eliminó y que logró ser de un millón durante el año pasado.
La nueva normativa incluye una disposición adicional que contempla una financiación de 15 millones de euros para los próximos tres años y que cada cuatro años se haga un convenio para "poder ajustar las cifras que correspondan". En concreto, se prevén tres, cinco y siete millones de euros para los ejercicios de 2026, 2027 y 2028, respectivamente. Santacreu ha detallado que el presupuesto de 2028 equivale a que cada una de las 600.000 empresas que hay en Cataluña pague 10 euros.
Aún así, los 15 millones quedan muy lejos del presupuesto global de 60 millones que manejan anualmente las cámaras catalanas. Conviene recordar que el recurso cameral suponía cerca del 60% de los ingresos de estas entidades, que se vieron obligadas a estrecharse el cinturón cuando fue abolido con la reforma de Zapatero.