Barcelona
Las cámaras de comercio catalanas vuelven a intentarlo. Esta semana, el Consejo General de Cámaras, que reúne a las 13 entidades de dinamización empresarial de Cataluña, ha consensuado un nuevo borrador para actualizar su ley autonómica con la vista puesta en la mejora de su financiación.
En concreto, el texto contempla una aportación pública de 10 euros por empresa, lo que aumentaría los ingresos de las 13 cámaras catalanas en 6,5 millones al año.
Cuando en 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió suprimir la cuota cameral, el pago obligatorio de las empresas para sufragar estas corporaciones, las cámaras exigieron un nuevo paraguas jurídico para garantizar su supervivencia económica.
Hay que recordar que el recurso cameral suponía cerca del 60% de los ingresos de estas entidades, que se vieron obligadas a estrecharse el cinturón y despedir a buena parte de su personal.
Asignatura pendiente
Cuando en 2014 llegó una nueva ley básica de cámaras, se dejó margen a las autonomías para complementarla. Todas lo hicieron, excepto Cataluña. El empeño del Govern naufragó tanto por los avatares políticos derivados del procés, primero, y de la pandemia, después, como por la oposición de los agentes sociales, especialmente Pimec.
Con la llegada del PSC a la Generalitat, la Cámara de Barcelona ha liderado otro intento para abordar esta asignatura pendiente. Fuentes del PSC apuntan que quieren zanjar este asunto cuanto antes. De hecho, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha participado en la reunión del Consejo General de Cámaras.
Tres intentos frustrados
En 2017, el entonces consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, presentó un anteproyecto que quedó en un cajón. Posteriormente, su sucesora Àngels Chacón lo volvió a intentar en 2019, pero su cese por parte de Quim Torra también abrió otro paréntesis. A Chacón le sucedió Ramon Tremosa, que en los coletazos de la legislatura trató de sacar adelante la ley asun sin contar con mayoría en el Parlament ni con el aplauso de las patronales y los sindicatos. La votación en el hemiciclo cosechó un sonoro 'no'.
Se avanzó algo más durante el gobierno de Pere Aragonès, que eligió a Roger Torrent como consejero de Empresa y Trabajo. Pese a que se convenció a CCOO, UGT y Foment del Treball, las diferencias surgidas con la patronal catalana de pymes impidieron cerrar este expediente en los años 2022 y 2023.
Pimec, última en sumarse
Según las fuentes consultadas, Pimec veía con malos ojos el redactado de la norma. No se trataba de una oposición per se, sino de cómo se habían definido las atribuciones y servicios de las corporaciones. Preocupaba sobre todo que en algún momento las cámaras pudieran inmiscuirse en el diálogo social, entendido no solo como la negociación de los convenios colectivos sino también como otros foros de concertación en asuntos como la inclusión laboral y el teletrabajo.
Tanto fuentes de la patronal liderada por Antoni Cañete, como de varias cámaras catalanas consultadas, coinciden en que esta vez se han limado asperezas y se ha alcanzado un texto que concita el visto bueno de todos los actores implicados. Este borrador se remitirá al Departamento de Empresa y Trabajo y se presentará a distintos partidos. El objetivo es que sean los grupos políticos quienes tramiten la propuesta en sede parlamentaria a principios de 2025.
El presidente de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha afirmado que la norma "no solo nos dotará de más seguridad jurídica con una ley actualizada a los tiempos actuales, sino que nos aportará los recursos para poder cumplir con más garantías nuestras funciones ante el tejido empresarial catalán". Veremos si a la cuarta va la vencida.