Génova aboga por un claro endurecimiento de las laxas condiciones que ahora permiten que los inmigrantes ilegales accedan a un amplio repertorio de ayudas económicas públicas, en materia de transporte, educación o asistencia sanitaria. Todo ello debido a que "España carece de cauces legales realmente efectivos para la gente que quiere venir a trabajar", según comienza el párrafo de la ponencia política del PP, que se expondrá y votará en el XXI Congreso Nacional del partido este fin de semana, referido a la inmigración.
La declaración de principios que se hace en el texto es que "contribuir tiene que ser condición para permanecer". Así, los autores de la ponencia aseguran que, si llegan a gobernar, "eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas".
En la actualidad, cualquier persona que se instale en un municipio se puede empadronarse libremente en sus oficinas municipales. Los ayuntamientos no tienen potestad policial, por lo tanto no piden nunca a la persona que se va a empadronar si está legalmente o no en España. Figurar en el padrón da derecho a la utilización de servicios municipales y asistenciales, de salud, educación, transporte, etc.
De acuerdo con la Ley de Extranjería, los inmigrantes irregulares o sin papeles pueden acceder, por el hecho de estar empadronados, a atención primaria, domiciliaria, servicios de comedor y ayudas de urgencia social, que varían según las comunidades autónomas. La más común de las ayudas de emergencia es la Renta Activa de Inserción o Renta de Integración, que pueden abonar tanto el Estado como las comunidades autónomas, a las personas vulnerables, independientemente de si éstas son o no extranjeras o españolas. Asimismo, existen ayudas para las personas en situación de vulnerabilidad para alimentación, alojamiento y atención sanitaria, así como asesoría legal y atención psicosocial. Estas ayudas, subrayan diversas asociaciones, no están pensadas solo para personas extranjeras en situación irregular.
Lo que sí afirman en el PP es que "en ningún caso" se refieren a dejar a los inmigrantes irregulares sin atención médica. Pero tampoco precisan qué prestaciones económicas no contributivas serían las que se eliminarían. En todo caso, recuerdan fuentes populares, éste es un texto abierto, con enunciados políticos que pueden modificarse, pues las ponencias en los congresos se someten en los mismos a una batería de enmiendas que pueden modificarlo.
Otro aspecto que se proponen endurecer es el del arraigo y la reagrupación familiar para devolverle "su carácter excepcional porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control". También va a haber "tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar". Y abogan por más control en los países de origen. El control de fronteras es foco de atención en el texto que ha corrido a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada Alma Ezcurra. Afirman que "el control de fronteras es una competencia del Estado". La reivindicación se origina en que, a principios de este año, el PSOE y Junts firmaron un acuerdo por el cual el control de la frontera francesa con Cataluña pasaba a ser competencia de los Mossos d'Esquadra y dejaba de ser una actividad a cargo del Estado.
El permiso de larga permanencia se vincula al periodo de cotización
La frase en la que se expone que se eliminará la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular termina "...y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas".
La alusión a la contribución efectiva a la Seguridad Social se entiende que es la cotización que todo afiliado al sistema, en sus modalidades más comunes que son el Régimen General o el Régimen Especial de Autónomos, debe satisfacer para tener derecho a las prestaciones contributivas. La inclusión de la frase en el párrafo es confusa. Un inmigrante sin papeles no está afiliado a la Seguridad Social porque, precisamente, no está documentado y si trabaja es, por regla general, en la economía sumergida. El problema es que, sin papeles, no hay trabajo y viceversa en la mayoría de los casos.
En el PP insisten en que el texto "no es definitivo y está abierto a la variación de las enmiendas". Es de esperar que la mezcla de cotizaciones, residencia de larga duración, inmigrantes irregulares y prestaciones no contributivas quede aclarada estos días. La ponencia política, en la que están recogidos estos asuntos, ha recibido un total de 888 enmiendas. En total, se han registrado 1.115 y el resto se refieren a la ponencia de Estatutos, ya que en este XXI Congreso solo se van a debatir dos.Volviendo a la afiliación, en la actualidad, el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, es decir, con origen inmigrante. El incremento de este colectivo en el mercado laboral español ha sido progresivo en las últimas décadas y también en los últimos meses.
El porcentaje del 14% de cotizantes extranjeros que se alcanzó en mayo pasado ha subido un punto respecto al mismo mes del año pasado. En números absolutos supone algo más de tres millones de trabajadores. En la Seguridad Social informan de que la afiliación de extranjeros está marcando récords y que es responsable del 41% de todo el empleo que existe actualmente en nuestro país.