Madrid 
La ponencia política que se debatirá en el XXI Congreso Nacional del PP dedica un apartado a la vivienda dentro de la política social. Se trata de uno de los más concretos, en el que se desgranan varias medidas sobre un tema que aparece como principal preocupación de los españoles en diversas encuestas. Una de las propuestas más importantes es "establecer el criterio de silencio administrativo positivo para la obtención de licencias de edificación para inmuebles de nueva construcción y rehabilitación de inmuebles, excepto las que tengan algún tipo de protección ambiental, patrimonial o histórica".
El silencio administrativo positivo significa que si la Administración pública en cuestión, en este caso suele ser mayoritariamente la municipal, no responde en una plazo determinado, se considera que la solicitud ha sido aprobada automáticamente.
Este procedimiento ya existe y se lleva a cabo pero lo que propone el PP es que este silencio administrativo sea generalizado. No es la primera vez que lo defiende, pues ya lo hizo en el Senado con una proposición de ley en enero de este año. La declaración supone una liberalización en toda regla por lo que supone de agilización administrativa, rapidez y disminución de tramitación.
Ampliar el suelo edificable es otra de las soluciones que maneja el principal partido de la oposición para luchar contra la escasez de vivienda. En la citada proposición de ley presentada en enero, se solicitaba que "el suelo se pueda convertir en urbanizable con seguridad jurídica y menos trabas administrativas, respetando las competencias de las comunidades autónomas". Esta mención a las autonomías es muy importante para los populares puesto que su primera Ley del Suelo liberalizadora, en la primera legislatura de José María Aznar, fue tumbada por los tribunales debido precisamente a que "invadía competencias de las comunidades autónomas". Desde entonces, las sucesivas leyes del suelo han sido mucho más parcas en calificar los tipos de suelo y permitir sus cambios de uso.
En la ponencia se especifica también que "hay que generar incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler con seguridad jurídica". La enunciación va en contra de la tendencia de gravar con más impuestos a los pisos vacíos, si bien no especifica qué clase de incentivos se pondrían en marcha. "Acelerar la construcción de nuevas viviendas para aumentar rápidamente la oferta disponible" es otra medida que complementa la ampliación del suelo edificable y, sobre todo, el silencio administrativo positivo.
Además, la ponencia incide en un problema que afecta especialmente al sector de la construcción: la falta de mano de obra. "Debemos impulsar un programa especial de formación en los oficios vinculados a la construcción". En junio de 2025, el sector ocupa al 6,1% del total de trabajadores, según un informe de BBVA Research. Hace pocos lustros, el porcentaje era del 14%. Escasez de personal, envejecimiento de las plantillas y baja formación son las principales lacras que afectan a la constricción. La colaboración público-privada es otra de las medidas y para ello se convocaría a las empresas a un gran proyecto de colaboración con el sector público.
Más mano dura contra la ocupación e inquilinos que se permiten no pagar
El fenómeno de la ocupación, pero también de la inquiocupación, merecen un buen párrafo en la ponencia social del PP, que se incluye en la política como todas las demás. La prioridad para la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "es acabar con estos comportamientos incívicos endureciendo las penas, impidiendo a los ocupas empadronarse y agilizando el desalojo".
La atención prioritaria a las víctimas, el apoyo a los propietarios y la defensa del patrimonio público, "que es de todos", serán los ejes de la política antiocupación del PP. "No podemos acostumbrarnos a que las viviendas sean ocupadas, a que las rentas acordadas se dejen de pagar con el amparo del Estado y no haya posibilidad de desalojo inmediato en caso de incumplimiento contractual", asegura el texto de la ponencia popular.
La formación afirma que el fenómeno que está ocurriendo en España de ocupación y de inquiocupación "es una anomalía en Europa". Para el PP "la propiedad privada es la mayor garantía de libertad" y debe ser respetada por lo que propone las medidas mencionadas de "más mano dura".
Las cifras tanto de ocupación como de inquiocupación divergen mucho según las fuentes y hay quien acusa al PP de "exagerar el fenómeno", pero en el partido se mantienen firmes y así quieren demostrarlo en el congreso de este próximo fin de semana. Igualmente, las cantidades de inmuebles ocupados varían según las comunidades autónomas. En Cataluña donde más se produce. Según The Objetive, esta autonomía concentró en 2024 el 72% de los casos.