Durante 14 años, entre 2014 y 2018, Etiopía experimentó un crecimiento de casi el 10% gracias a la implementación de un nuevo enfoque económico estatal basado en inversiones masivas a nivel nacional, tanto destinadas a la mejora de infraestructuras (carreteras, acceso a agua potable y electricidad...) como a la creación de parques industriales. Y aunque el crecimiento se ha moderado con la última cifra del curso 22/23, un 7% (con una media en los últimos 10 años de 7,6%), sigue siendo uno de los países con mayor ritmo a nivel mundial.
Según los datos de FocusEconomics, el país africano se mantiene además como una de las economías con mayor potencial de la zona subsahariana del continente pese a su pobreza: en 2023 la renta per cápita fue de tan solo 1.900 dólares en 2024, según el Fondo Monetario Internacional. Así, los datos del PIB reflejan un crecimiento rápido en términos porcentuales, aunque el nivel de origen es realmente bajo.
Con todo, las recientes actuaciones nacionales han permitido a Etiopía abrir el sistema bancario a inversiones extranjeras y hacia las relaciones comerciales, de tal manera que le han llevado a ser la economía número 59 de 195 en términos de PIB, según los datos Observatorio de Complejidad Económica pertenecientes a 2023.
Un Plan de Reforma Económica a cambio de la entrada en los BRICS
Etiopia alberga la segunda mayor población de África con 126 millones de habitantes, por lo que se entiende la complejidad de un aumento de PIB per cápita a pesar del crecimiento de este. La gran mayoría, alrededor del 80%, se dedica a la agricultura y a la ganadería, pero con una producción realmente baja, lo que se traduce en una aportación de tan solo el 37% al PIB, aunque menos representa el sector industrial (22%) necesitado de gran fuerza de trabajo y valor agregado que podría llevar consigo esa subida de renta per cápita que tanto necesita para dejar de ser uno de los países más pobres del mundo.
Aun así, los esfuerzos nacionales no han cesado y el pasado mes de julio el Banco Nacional de Etiopía lanzó una reforma monetaria crucial: cambió el tipo de cambio fijo y logró una devaluación del birr sobre el dólar del 30%. Según el propio NBE, una medida que ya ha permitido a los bancos "comprar y vender divisas extranjeras de/a sus clientes y entre ellos a tasas libremente negociadas, y con el NBE haciendo solo intervenciones limitadas".
Además, Etiopía ya ha comenzado a autorizar transferencias y accesos a cuentas de moneda extranjera, así como ha permitido a bancos extranjeros operar de manera local como parte de las reformas destinadas a corregir las alteraciones del mercado de divisas. Todo dentro del Plan de Reforma Económica nacional con vigencia hasta 2030 y como requisito indispensable para continuar como miembro pleno de los BRICS+: hecho que se consolidó a principios de 2024 a la vez que la entrada de Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán.
El impulso del FMI
Por su parte, el FMI ya ha considerado que "los indicadores macroeconómicos han tenido un desempeño mejor de lo esperado, con resultados sustancialmente superiores a las previsiones en inflación, exportación de bienes y reservas internacionales". De esta manera es como el organismo y el país africano lograron negociar el pasado mes de julio un préstamo para los próximos 4 años en concepto de Servicio de Crédito Ampliado de hasta 3.400 millones de dólares para continuar con la reestructuración de la deuda local, que todavía implica entre un 2% y un 3% del PIB.
"Las acciones de política económica adoptadas por las autoridades etíopes en el primer año del programa han dado resultados sólidos. La transición hacia un régimen de tipo de cambio flexible se ha realizado con mínimas interrupciones."
Así, hace unas semanas, en la tercera revisión del programa de préstamo, el FMI abrió la posibilidad a Etiopía de ampliar la financiación en otros 260 millones de dólares.
De la misma manera, Etiopía busca captar para los próximos años inversiones por valor de 27.000 millones de euros (el 16% de su PIB) tanto del FMI y Banco Mundial como de potencias internacionales como China y Emiratos Árabes Unidos, según informó hace unas semanas el Financial Times.
Pequeño crecimiento en términos absolutos
Con el Plan de Crecimiento y Transformación, Etiopía invirtió entre 2010 y 2015 cerca de 80.000 millones de dólares en mejorar las infraestructuras de todo el país, tanto para la transformación de las redes de carreteras y conexiones ferroviarias como la creación de nuevos parques industriales. Aunque, el avance real fue el incremento en el número de habitantes con acceso a electricidad (en concreto se duplicó, según el Banco Mundial) y a agua potable.
Todas estas políticas implementadas en los últimos años implican la intención de crear una base sólida estructural sobre la que construir la economía en potencia que todos quieren ver, pero resulta que los cimientos aún son demasiado débiles. Aunque se espera que 2025 acabe por debajo del 10% (las cifras de marzo representan un 13%), los datos inflacionistas llegaron a superar en 2023 el 30% y el 26% durante el 2022. A eso se le suma el déficit fiscal, en torno al 2% y 3% del PIB y los elevados servicios de deuda (en proceso de reestructuración) que no han hecho sino reducir notablemente el gasto en servicios básicos como la educación y la sanidad.
El resultado es que, a pesar de los esfuerzos, Etiopía se mantiene como uno de los países más pobres del mundo, con una renta per cápita según el FMI que no llega a los 2.000 dólares, aunque el Banco Mundial estimaba una cifra de 1.300 dólares en 2023. Sea como fuere, el contexto económico etíope mantiene una dualidad que en ocasiones puede considerarse efecto trampa con un fuerte crecimiento que tan solo implica un pequeño aumento en términos absolutos. La realidad es que la distancia con países más desarrollados, incluso algunos del propio continente africano como Egipto, Nigeria o Sudáfrica (los tres son también países socios en los BRICS) es aún considerable.
De entre las circunstancias que, de momento, impiden el crecimiento base de Etiopía la más importante es la que refiere a los constantes conflictos internos, que han obligado a desplazarse a millones de personas, provocando un aumento de la pobreza y una grave crisis humanitaria: Manos Unidas estima que son 4,5 millones las personas que necesitan ayuda para sobrevivir, especialmente en la zona de Tigray, epicentro de la guerra entre 2020 y 2022.