
El Gobierno prepara una nueva ofensiva contra las aerolíneas por las tarifas que aplican al equipaje de mano, tras la multa de 179 millones que impuso el año pasado a cinco empresas low cost. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo español investigará a Wizzair y Transavia por cobrar tasas adicionales por el equipaje de mano.
"Estas otras dos empresas están en proceso de seguir los mismos pasos que las cinco anteriores", ha confirmado el titular de Derechos Sociales este miércoles en Bruselas, en relación al procedimiento de investigación del ministerio. "No podemos permitir, en ninguna circunstancia, que se aplique una tasa por el equipaje de mano. Hay varias razones para ello: primero, porque las aerolíneas no se responsabilizan de ello", ha indicado refiriéndose al transporte o a la seguridad.
El ministro no ha detallado ni los plazos ni el importe de las multas a las sanciones. El procedimiento, aún en curso requiere que, tras la denuncia, se realice una investigación y, en caso de que se prueben las prácticas ilegales, el ministerio abriría un expediente.
"Constituye una fuente masiva de beneficios", ha criticado el ministro español el objetivo de unas prácticas que ha tildado de "ilegales", desde el cobro por el equipaje de mano a la selección de asientos para viajar con niños o personas dependientes, por cobrar por la tarjeta de embarque o no explicar cómo calculan los precios.
A su juicio, "es inaceptable intentar legalizar a través de estos túneles sin precedentes, lo que claramente son prácticas contra la ley", ha señalado el ministro de Derechos Sociales, en una comparecencia de la Organización Europea de Consumidores en la capital belga. Además, ha criticado que las instituciones comunitarias protejan los intereses de las grandes empresas en lugar de los derechos de los consumidores.
"Estas prácticas son relativamente recientes", ha asegurado el titular de Consumo. "Los precios han aumentado hasta un 50% en España en los últimos años"; ha subrayado el ministro español, mientras evidenciaba que las aerolíneas inventan nuevas formas de maximizar beneficios, por lo que ha subrayado el deber del Gobierno de defender los derechos de los consumidores.
El pasado noviembre, el ministerio de Consumo formalizó la multa de 179 millones de euros a cinco aerolíneas low cost por lo que considera son prácticas abusivas hacia el cliente, es decir, cobro por el equipaje de mano, pago por reservar asiento o falta de transparencia en los precios. Una resolución con la que se cierra el expediente sancionador abierto por la Secretaria General de Consumo en junio de 2023.
En enero de este año, la Comisión Europea inició una investigación sobre la decisión del Gobierno español a raíz de una denuncia interpuesta por a Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E). Bruselas valorará si el Ejecutivo de Sánchez tenía motivos para aplicar esta sanción.
También en la capital comunitaria, las Asociaciones de Consumidores de 12 Estados miembro han anunciado este miércoles denuncias ante las autoridades de Consumo a nivel nacional contra siete aerolíneas low cost por cobrar "tasas indebidas" al equipaje de mano. Las compañías denunciadas son Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian Airlines, Volotea, Transavia y Wizzair.
Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha incidido en que prácticas comerciales "como el cobro de maleta en cabina son perfectamente legales, y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008". En este sentido han apuntado que "permite a los pasajeros pagar únicamente por aquellos servicios que precisa y dar así capacidad de elección al consumidor en función de sus necesidades de viaje".