Barcelona
El Govern que preside Salvador Illa ha rebasado ampliamente los 100 días de tregua que se suelen conceder tras cualquier cambio de gobierno. Tras ganar las elecciones catalanas hace un año, el PSC lleva nueve meses en la Generalitat tratando de sacar adelante una agenda reformista con dos piedras en los zapatos: la falta de unos presupuestos actualizados y el marcaje de sus socios de investidura, sobre todo ERC. Un contexto que está empezando a desencantar a los empresarios que celebraron el cambio de color político en Cataluña.
Además, ambas condiciones se retroalimentan para complicar la operatividad del Govern. Fuentes socialistas reconocen que la continua negociación con republicanos y comunes para aprobar cualquier medida es de todo menos ideal. Conviene recordar que Illa alcanzó la presidencia con un pacto de investidura, mas no con un pacto de legislatura. La negociación abierta por los tramos del suplemento de crédito es un claro ejemplo en que el PSC se ha visto obligado a aceptar concesiones para aliviar la tesorería de la Generalitat, con una maniobra restringida debido a la prórroga presupuestaria. Prórroga desencadenada, precisamente, por la negativa de ERC a acordar las cuentas de este año.
Lo que sí ha logrado el nuevo gobierno capitaneado por los socialistas es cambiar el marco político en que se ha movido Cataluña durante la última década. Tras el fiasco del procés, el PSC ha sabido responder al cansancio de una sociedad civil más interesada ahora en la mejora de los servicios públicos y el impulso de la economía que en las promesas del independentismo. Esa apuesta por la gestión catapultó al partido de la rosa en las elecciones de 2024. Ya en el poder, se ha concretado en una retahíla de medidas como la simplificación administrativa, la inversión en infraestructuras de movilidad e hídricas o el plan de 50.000 viviendas hasta 2030.
A ello se ha sumado el empeño de Illa y su equipo por "normalizar" la situación política en Cataluña, en la busca de un clima de seguridad jurídica y respeto institucional que no solo rebaje la tensión social sino que también allane la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, Illa ha asumido en público que Cataluña ha perdido el liderazgo económico de España en beneficio de la Comunidad de Madrid. La brecha entre el PIB per cápita de Madrid y Cataluña ha ido agrandándose en los últimos años, siendo visible desde 2017. En 2023, el PIB per cápita madrileño era un 36% superior al catalán.
Reforma de la financiación
Una de las principales pruebas de la legislatura aún no ha llegado: la concreción de la llamada financiación singular. Esta es la verdadera piedra de toque del mandato, ya que fue la petición más onerosa exigida por ERC para investir a Illa. En principio, el grupo de expertos creado ad hoc por el Govern dará a conocer dentro de un mes el detalle de un modelo similar en su funcionamiento al concierto económico y que ha levantado ampollas en el resto de comunidades autónomas.
La singularidad del modelo residiría en que Cataluña podría recaudar, gestionar y liquidar el 100% de los impuestos generados en el territorio para, a continuación, negociar de forma bilateral con el Estado dos partidas: una destinada a sufragar los servicios comunes y otra para contribuir a la solidaridad interterritorial. Desde ERC se celebró este esquema como un paso hacia la "plena soberanía fiscal". De hecho, esta expresión consta en el documento del acuerdo de investidura entre republicanos y socialistas.
Hasta ahora, Illa ha mantenido su hermetismo sobre la letra menuda de la reforma de la financiación. En cualquier caso, este cambio merecería una reforma en profundidad de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y otras normas en el Congreso de los Diputados. De momento, el único avance hacia la nueva financiación es el dimensionamiento de la Agencia Tributaria de Cataluña. Este organismo dará un salto este verano al colaborar con la Hacienda estatal en la campaña de la renta. Para ello, contratará a 102 personas. Además, creará 90 plazas estructurales ya que ERC insiste en que, cumpliendo lo pactado, en 2026 deberá ser el órgano autonómico quien gestione íntegramente el IRPF.
Fiscalidad disparada
Mientras no se materializa el nuevo modelo de financiación, la Generalitat debe tirar de sus recursos actuales. En estos nueve meses, el PSC se ha negado a revisar a la baja los impuestos propios y cedidos pese a las reiteradas demandas del empresariado. No solo eso, sino que recientemente ha pactado con las fuerzas a su izquierda la subida de la tasa turística (aplazada hasta octubre) y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Esta misma semana, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, llamó a no hacer "demagogia con la presión fiscal".
Pero lo cierto es que los particulares y empresas de Cataluña sufren la mayor presión fiscal a nivel nacional, según un estudio de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Además, la autonomía lidera la creación de tributos propios, hasta un total de 11 figuras activas a marzo de 2025.
Para seducir al tejido productivo, el Govern ha optado por alejarse del debate impositivo, donde sabe que tampoco tiene margen de acción dada la ideología de sus socios, y proponer medidas en otros ámbitos. Así, la Generalitat ha iniciado un proceso para aligerar y digitalizar el papeleo con la administración. Este alivio de trámites burocráticos, concretado en el Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028, pretende ahorrar 1.718 millones a las empresas en cuatro años.
Un portavoz de la Consejería de Empresa y Trabajo menciona otras metas como la futura ley de cámaras de comercio —"está muy encarrilada", menciona, y detalla que entrará de forma directa al hemiciclo catalán como proposición de ley— y los primeros movimientos, iniciados ya en enero, para actualizar el Pacto Nacional por la Industria (PNI). "En estos momentos, ya hemos hecho reuniones con las más de 40 unidades ejecutoras [equipos de trabajo, según vienen definidos en el PNI], para identificar medidas que puedan ser incluidas en esta nueva etapa de la política industrial catalana", comenta.
Otra de metas de la legislatura suena bien en círculos empresariales: la creación de un operador llamado Lidera que pilotará una inversión 18.500 millones de euros en sectores estratégicos hasta 2030. Fuentes de Economía y Finanzas comparten que aún se está definiendo la estructura de este nuevo organismo. Este ente se encargará de "la movilización de recursos públicos de la Generalitat más ambiciosa desde el año 2010", como anunció Illa en una conferencia en enero en Barcelona ante una nutrida representación empresarial. Todo ello con el propósito de que Cataluña recupere el liderazgo económico del país.
La gran duda es si este desembolso en carpetas como las renovables —el plan Catalunya Lidera habla de instalar 12.000 megavatios de nueva potencia verde— y el ciclo del agua, para evitar situaciones extremas propiciadas por la falta de lluvias, se podrá llevar a cabo con presupuestos prorrogados y en una situación de minoría parlamentaria.
Por otro lado, el nuevo ambiente de entendimiento institucional se ha reflejado en una batería de acuerdos alcanzados con el Estado. Obviamente, la identidad política de los inquilinos del Palau de la Generalitat y La Moncloa facilita las cosas. Entre otros, se han sonsacado recursos para ampliar la dotación de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 efectivos y aumentar la planta judicial para conseguir que el ratio de jueces por habitante en Cataluña se ajuste, como mínimo, a la media estatal. El traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat es otro de los triunfos de los que puede presumir Illa en su refuerzo del autogobierno.
'Rodalies' y aeropuerto
En los primeros nueve meses de mando, el gran brete con que se ha topado el PSC ha sido el caos en Rodalies causado por una falta acumulada de mantenimiento e inversiones de mejora. El encadenamiento de averías forzó al ejecutivo autonómico a convocar un pleno extraordinario para dar cuenta de la situación. El balance que ofreció la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, fue lastimoso. La dirigente reconoció que el 24% de los trenes están estropeados, la insuficiencia de talleres de reparación y mantenimiento, el colapso en los túneles de Barcelona y el deterioro en las estaciones. Pero no puede negarse que el Govern, de la mano de Renfe y Adif, ha acelerado en los últimos años las actuaciones para la mejora de la red.
Precisamente, las interrupciones de servicio en muchos puntos están relacionadas con estas mejoras. Pero, de nuevo, asoma la influencia de ERC. Los independentistas obligaron no ya al PSC, sino al PSOE, a pactar la transferencia integral de Rodalies a la Generalitat a cambio de investir a Pedro Sánchez. Tras bregar con los sindicatos, este traspaso se llevará a cabo mediante una empresa mixta con mayoría del Estado pero voto de oro en el consejo para el presidente, nombrado por la Generalitat. La nueva empresa pública estará operativa en 2026.
La dependencia de los republicanos se manifiesta en otra gran iniciativa relacionada con las infraestructuras: la ampliación del aeropuerto de El Prat. Pese a que se prometió un posicionamiento a lo largo del primer trimestre, este aún no ha llegado. Fuentes empresariales sostienen que las negociaciones cruzadas sobre los suplementos de crédito con comunes y ERC, reacios a la extensión de la tercera pista del aeropuerto, ha diferido un pronunciamiento favorable del Govern.
Donde el ejecutivo catalán sí se está mostrando más resolutivo es en la política de vivienda. En la reciente reunión del Cercle d'Economia, Illa avanzó que 226 ayuntamientos han puesto ya a disposición del gobierno autonómico un total de 665 solares para construir más de 21.289 viviendas de alquiler asequible. De esta forma, casi la mitad del volumen total de inmuebles planeados por la Generalitat ya estarían asegurados al menos sobre el papel. Un paso adelante que contrasta con medidas criticadas por los operadores inmobiliarios como la extensión del control de precios a los alquileres de temporada en zonas tensionadas, medida pactada incluso con la CUP.
