El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa o gasto adicional para alcanzar el 2% del PIB nacional destinado a defensa, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, y dotado con 10.471 millones de euros, ya tiene concreción en cuanto a sus fuentes de financiación. Y éstas son sumamente diversas.
La mayor partida, de 2.819 millones de euros, va a proceder, por una parte, del ahorro que al Estado le supone la mejora de la situación de la deuda de las comunidades autónomas. Dado que muchas de ellas necesitan ahora menos cantidades provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque están acudiendo a los mercados privados para financiarse, se va a aprovechar la circunstancia.
Igualmente, el Estado va a sacar partido de "las menores necesidades de amortización", debidas a la bajada de tipos, que favorece en gran medida al Estado en cuanto al pago de los intereses de la deuda. Y, además, en esta partida también se sacará provecho de la reducción del déficit público, que cerró 2024 en el 2,8% frente al 3,5% del año anterior. En general, el Gobierno ha visto una oportunidad de oro en la buena coyuntura financiera de los últimos meses.
La siguiente partida en importancia, de 1.744 millones de euros, procede de "créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tiene reflejo en 2025", créditos ya pedidos.
Industria
Los 1.680 millones que son reintegros de préstamos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria provienen de una práctica muy habitual en materia de gastos militares. Industria pide un crédito para una acción concreta o para la fabricación de un material castrense y el Ministerio de Defensa lo paga después. Hasta hace pocos años, la actuación era la contraria y era Defensa quien pedía el dinero a crédito y luego lo pagaban otros para no engordar el presupuesto del Ministerio y dar a entender que el gasto militar no era abultado ni excesivo, según fuentes próximas al Gobierno.
Los 10.471 millones del nuevo gasto del plan contarán, asimismo, con 1.395 millones del euros del fondo de contingencia destinados a retribuciones (salarios y pensiones) de las Fuerzas Armadas. El hecho de recurrir al fondo de contingencia, sobre todo en los ejercicios en los que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados como ocurre en este 2025, es muy habitual y el destino del dinero suele ser de lo más variado, aunque este instrumento está concebido para emergencias y gastos sobrevenidos por circunstancias inesperadas, no para financiar planes de esta naturaleza u otras actividades. Y como anunció el presidente del Gobierno en su comparecencia del pasado martes, tras el Consejo de Ministros, también se van a utilizar fondos Next Generation de la Unión Europea, en este caso, 1.357 millones de euros. Pedro Sánchez comentó entonces que este partida procedería de fondos destinados a ciberseguridad, pero en el desglose que se hace en el plan publicado ayer por el Gobierno no se especifica y se menciona Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sin más.
El resto de fuentes de financiación del Plan Industrial, ya de cantidades menores a las mencionadas, es diverso. En general, proceden de ahorros, como ocurre con los créditos por menor previsión de pagos por sentencias por reclamaciones patrimoniales o de menores anualidades por aportaciones a la Unión Europea. Lo que es evidente es que los fondos del nuevo gasto en defensa han aprovechado coyunturas favorables, como el descenso de los tipos de interés.Asimismo, el texto publicado ayer detalla que "el Plan contempla la puesta en marcha de 31 nuevos PEMs (Programas Especiales de Modernización), que se unirán a los más de 50 en curso, y que movilizarán unos 3.807 millones de euros del total en su primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030" Menciona además que otros mecanismos que contribuirán a este despliegue de largo plazo serán el Plan Nacional de Ciberseguridad, los programas de financiación a consorcios empresariales y centros de investigación del CDTI, y las participaciones empresariales del Fondo de Seguridad y Defensa.