CEOE recurre de nuevo a la Audiencia Nacional para frenar el intento del Ministerio de Trabajo de incluir a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). La patronal de Antonio Garamendi ha decidido ampliar el recurso que ya presentó en agosto de 2024 para impugnar la orden publicada por el departamento de Yolanda Díaz el pasado 10 de abril y que iniciaba el proceso de renovación de vocalías para dar cabida a la organización empresarial que encabeza Antoni Cañete. Según ha adelantado 'La Vanguardia' y ha confirmado elEconomista.es la patronal ha reclamado medidas cautelares para frenar este procedimiento hasta que se resuelva el recurso planteado por los empresarios contra la orden publicada el año pasado en la que se detallaba el proceso de reasignación de asientos tras haber reconocido a Pimec como una de las "más representativas".
El texto publicado hace algo más de una semana concedía un margen de 10 días para que CEOE, Cepyme y Pimec llegasen a un consenso sobre cómo llevar a cabo este reparto de asientos para incluir a los catalanes. Actualmente, la patronal de Garamendi cuenta con cinco de los seis puestos, mientras que la que encabeza Gerardo Cuerva ocupa el último de ellos, por lo que según la normativa tendría que ser CEOE la que debería ceder uno de sus asientos. Fuentes de Pimec explicaron entonces que mandaron un escrito a ambas organizaciones solicitando una reunión para abordar este cambio, ya que aseguran, querían hacerlo mediante un acuerdo. Sin embargo, estos no han recibido respuesta de ninguna de las dos organizaciones, que evitaron hacer declaraciones sobre el movimiento del Ministerio de Trabajo pese a no ocultar su rechazo.
Con esta ampliación del recurso, las patronales con sede en Diego de León 50 cierran la vía a la negociación y entienden que se debe frenar el proceso de renovación de las vocalías hasta que el juez se pronuncie sobre las medidas cautelares. La orden publicada en agosto recogía que en el caso de que transcurriesen estos diez días sin que las partes hubieran cerrado un acuerdo, sería la Dirección de Trabajo la que determinaría cuántas sillas le corresponden a cada organización a partir de la pauta de que se asignará una a cada organización y después se 'quitará' un asiento a la que cuente con más de ellos, es decir, CEOE.
En Pimec rechazan rotundamente este gesto. "Consideramos sorprendente y preocupante que una organización como la CEOE, en lugar de aceptar una representación empresarial más plural, democrática y ajustada a la realidad, recurra a la vía judicial para bloquearla" reprochan desde esta organización empresarial. "Las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y el 70% del empleo y su voz no puede seguir siendo ignorada en órganos donde se deciden cuestiones clave como los convenios colectivos" insisten desde la patronal que lidera Cañete. Los catalanes recuerdan que su intención en todo momento ha sido llegar a un consenso para un "reparto más justo" de la representación y dicen confiar en que las instituciones sigan trabajando para "garantizar un modelo de diálogo social realmente plural, justificado y representativo".
Este órgano desarrolla funciones de supervisión de la negociación colectiva, de resolución de conflictos por la falta de acuerdo entre las partes y consultivas. Sin embargo, en los últimos años la patronal catalana -rival de Foment del Treball- ha leído su acceso a la Comisión de Convenios como su puerta de entrada a las mesas de diálogo social impulsadas desde el Ministerio de Trabajo. La cartera, en cambio, viene señalando que no se contempla este marco, si bien, el acuerdo de coalición con el PSOE recoge una ley para reformar la representación de las pymes y también se ha incluido en el Plan Anual Normativo de 2025.
En paralelo, sigue pendiente que se materialice el compromiso asumido por Díaz en la negociación con Junts para salvar la reforma del subsidio por desempleo hace casi un año: la inclusión de la patronal de Cañete en el Consejo Económico y Social (CES) el órgano consultivo del Gobierno que se pronuncia sobre la normativa socioeconómica o laboral que vaya a desarrollar. El foro en el que están representadas las organizaciones empresariales, pero también los sindicatos y representantes de distintos ámbitos sociales como la academia y sectores como la agricultura o la pesca emite dictámenes en los que expresa su opinión sobre los borradores de estas normas, realiza informes por iniciativa propia y realiza memorias anuales sobre la situación macroeconómica.